Requerimientos de fiscalización e información a autoridades por derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana

El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.

El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud. 

Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.

Acceso a la información enviado al Ministerio del Ambiente 

Resumen: 

Las organizaciones demandantes y abogados aliados solicitaron al Ministerio del Ambiente el acceso a varios documentos sobre el derrame de crudo ocurrido el 07 de abril de 2020.

Lea el documento completo: https://bit.ly/2We4G8G

Pedido enviado a la Defensoría del Pueblo 

Resumen:

Organizaciones de derechos humanos solicitamos el inicio de Investigación Defensorial y la publicación de un comunicado público con exhortos al Estado, relacionado con el referido desastre socio ambiental ocurrido el pasado 7 de abril en la zona conocida como cascada de San Rafael.

Lea el documento completo: https://bit.ly/2Ka4P7g

Pedido enviado a la Asamblea Nacional: 

Las organizaciones de derechos humanos solicitamos a las Comisiones de Fiscalización, de Salud, Biodiversidad, Derechos Colectivos y al Consejo de Administración Legislativa:

1) Iniciar un proceso de fiscalización al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables; el Ministerio del Ambiente y Agua; el Titular de la Secretaría Técnica de Circunscripción Territorial Amazónica, el Gerente de Petroecuador EP y el Gerente del Oleoducto de Crudos Pesados. 

2) Solicitar información suficiente y justificada en informes técnicos que transparenten el estado del derrame y plan de contingencia y reparación. 

3) Solicitar informes de remediación ambiental en los derrames producidos en 2008 y en 2013. 

4) Solicitar información sobre la actuación frente a esta emergencia ambiental a las autoridades seccionales de la provincia y de los cantones, así como a los gobernadores de Orellana y Sucumbíos.

Lea el documento completo: https://bit.ly/2wIn4O6