DENUNCIA PÚBLICA| ENCARGO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A QUIEN NO CUMPLE LOS REQUISITOS BÁSICOS DEL PUESTO AHONDA LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN DESMEDRO DE LOS DERECHOS DE INDIVIDUOS, COLECTIVOS Y DE LA NATURALEZA

La Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos  en Ecuador.  Como tal, es parte de la red internacional de instituciones de derechos humanos.   Su mandato es proteger los derechos de las personas en Ecuador, ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior y la naturaleza.  

Entre sus atribuciones están la promoción de derechos humanos, el patrocinio legal de garantías constitucionales, reclamos por malos servicios públicos o privados, la emisión de medidas obligatorias para protección de derechos, investigación de violación de derechos por parte del Estado o privados, vigilancia del debido proceso, exhortos y recomendaciones al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones y la prevención de torturas. 

En la práctica, el accionar  de la Defensoría del Pueblo depende fundamentalmente de quien ejerza su autoridad máxima.. Así, hemos tenido defensorías que, en lugar de cumplir su trabajo con independencia del poder de turno han sido obsecuentes a él. Hemos tenido también defensorías que ejercen prácticas contrarias a derechos, incluidos derechos de las mujeres. Tras un corto encargo a una conocida y respetada autoridad en derechos humanos, la última designación terminó en un incidente, previsible desde el nombramiento, que lesionó la magistratura ética indispensable para el ejercicio del cargo. La Defensoría del Pueblo ha entrado en una crisis de legitimidad y a todas las instituciones concernidas les  corresponde resolverla con la participación activa de la sociedad civil.