DENUNCIA PÚBLICA Impactos sociales, ambientales, ruptura del tejido comunitario y estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, colectivos de y de la naturaleza en el marco de las concesiones de la empresa Natural Resources.10.11.21

Rechazamos la instrumentalización del conflicto, generado por el propio Estado, para obstaculizar la labor de personas defensoras de derechos y el ejercicio del derecho a la defensa de las comunidades, a través de la estigmatización y criminalización de personas defensoras y sus abogados y abogadas patrocinadores.  Estamos vigilantes de la situación de la Ab. Yuly Tenorio, del biólogo Inty Arcos miembros activos del Observatorio Minero Social y Ambiental del Norte del Ecuador, adscrito al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social , y de todas  las compañeras y compañeros del Frente Antiminero Pacto por la vida, el agua y la Naturaleza, y realizaremos todas las acciones necesarias para su defensa y protección.

Finalmente, como Alianza de organizaciones por los derechos humanos de Ecuador, denunciamos que las reiteradas omisiones en el control de actividades mineras por parte del Estado son las que generan graves conflictos socioambientales, y constituyen un incumplimiento estatal de la obligación constitucional de garantizar a todas las personas una vida libre de violencias, esto, además de vulnerar los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la soberanía alimentaria, a la salud, a la vida digna, a la participación, entre otros, así como derechos de la naturaleza y patrimonio cultural.  Por ello exigimos al Estado ecuatoriano cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales de protección y garantía de derechos, especialmente en contexto de actividades extractivas, y garantice de esta forma, el derecho a vivir libres de violencias que nos asiste a todos y todas.