DENUNCIA PÚBLICA|Nuevo intento de criminalización a defensores de derechos que se oponen a la minería en el territorio del Pueblo Shuar Arutam

La  Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el Colectivo Caminantes y las organizaciones que suscriben la presente denuncia pública nos sumamos a  las últimas denuncias manifiestas por el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), sobre la persecución, intimidación y señalamiento contra el compañero Tarquino Cajamarca, abogado defensor de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Él, en conjunto con el Consejo de Gobierno del PSHA, ha llevado a cabo una defensa  del territorio ancestral indígena contra actividades mineras. Estos nuevos episodios ocurren en un contexto de incremento de violencias y conflictividad en la Cordillera del Cóndor por la imposición inconsulta de concesiones mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano y por la recurrencia de prácticas de abuso empresarial. 

Señalamos la gravedad de que sean funcionarios del Estado, esto es por parte del Gobierno Parroquial de San Antonio y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes declaran persona “no grata” a un defensor de derechos sin siquiera haberlo escuchado. Además, es preocupante que se califique el patrocinio técnico que él realiza como “actos de instigación” y que se le atribuya “ser motivador” de la movilización y cierre de vías en la comunidad shuar de Makiunts, en Limón Indanza, Morona Santiago. No solo porque esas manifestaciones de protesta pública no son delito; sino, además, porque Tarquino es abogado defensor, no instigador. Esa resolución de dos entes que representan el poder estatal es ilegal, inmotivada e intimidatoria. Ni los gobiernos seccionales, menos aún el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueden declarar “delitos”, y señalar como “delincuentes” a actos enmarcados en el ejercicio de derechos y a personas defensoras.