COMUNICADO PÚBLICO Nuevo y previsible derrame de petróleo confirma que los riesgos advertidos de afectación de derechos humanos y de la naturaleza por los hechos de abril del 2020 son responsabilidad directa del Estado de Ecuador por su negligencia

Sobre las 17h00, del  28 de enero de 2022,  se registró una nueva rotura del oleoducto de crudos pesados, a cargo de la empresa privada OCP Ecuador S.A., entre cuyos socios figuran las empresas chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco y la norteamericana Occidental Petroleum.

Este hecho ocurrió en el sector de Piedra Fina, San Luís, Cantón El Chaco, en la Provincia de Napo, de la Amazonía ecuatoriana, en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Cayambe Coca, a escasos metros del punto de captación de la Represa Coca Codo Sinclair y la inexistente Cascada San Rafael. 

 Contrario a lo que se esperaría, las  primeras alertas y denuncias públicas provinieron de comerciantes hoteleros de la zona y no de las entidades ambientales o de las propias empresas operadoras. Estos últimos  trataron de minimizar los alcances del derrame, ocultando información estratégica para prevenir afectaciones en la salud de las comunidades asentadas aguas abajo sobre la ribera de los ríos contaminados.