DENUNCIA PÚBLICA Criminalización de abogadas y mujeres defensoras de derechos humanos al participar en una acción de protección interpuesta por la ex fiscal sancionada por el Consejo de la Judicatura por el caso “Niños de Naranjal”

Las organizaciones que conformamos la Alianza y quienes suscriben, rechazamos el uso indebido del derecho penal para perseguir a personas defensoras de derechos humanos quienes, justamente en cumplimiento de su rol, presentaron amicus curiae en la acción de protección interpuesta por la ex fiscal Erika Veliz, quien fue destituida por el Consejo de la Judicatura por su falta de debida diligencia en el caso conocido como “Niños de Naranjal”. Tal como lo señala la prensa, el caso involucra actos de tortura y violación en contra de dos niños, riesgo respecto de cinco más; así como también presenta sistemáticas y estructurales omisiones de las instituciones del Estado en su respuesta.

En tal sentido, exigimos al Estado ecuatoriano, y específicamente a Fiscalía medidas concretas,  una investigación imparcial y objetiva,  para evitar el planteamiento indiscriminado de procesos investigativos contra personas defensoras. Exigimos también la concreción de políticas públicas direccionadas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que incluyan capacitaciones de agentes fiscales en relación con las obligaciones que tienen frente a las y los defensores de derechos humanos.