PRONUNCIAMIENTO|AMNISTÍAS CONCEDIDAS POR LA ASAMBLEA NACIONAL SON UN PRECEDENTE HISTÓRICO CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS.

En Ecuador, históricamente se ha utilizado al derecho penal, y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para acallar protestas sociales y ambientales acontecidas en contextos de ejecución de megaproyectos y proyectos extractivos -en violación sistemática de los derechos a la consulta libre previa e informada, consulta ambiental y la defensa de  territorios y de la naturaleza- en contextos de ejercicio de justicia indígena;  en contextos de defensa de los territorios comunitarios; y, en general, en contextos de resistencia frente a decisiones lesivas de derechos como pudimos ser testigas las mujeres el día 8 de marzo del 2022. 

Tal es así, que en los últimos 15 años se han llevado a cabo dos procesos de amnistías relacionados con personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. El primero, el 14 de marzo de 2008 en el marco de  la Asamblea Constituyente de Ecuador, a favor de 362 personas  y, el segundo, en julio de 2020, a favor de 20 dirigentes indígenas de la comunidad San Pedro del Cañar, criminalizados en el contexto de la aplicación de justicia indígena. 

Este 10 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional, con 99 votos a favor, tramitó las amnistías de 268 defensoras y defensores de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.Otorgar las amnistías es un deber ético que tienen los legisladores para reparar la deuda histórica de un Estado que no ha cumplido con sus obligaciones de protección y garantía del trabajo de defensoras y defensores de DDHH, colectivos y de la naturaleza. A pesar de que el artículo 98 de la Constitución consagra el derecho a la resistencia, el necesario, legítimo y democrático rol de las y los defensores se sigue criminalizando. Los gobiernos y varias empresas usan el derecho para perseguir a defensoras y defensores, y la administración de justicia se ha prestado a ese juego.