PRONUNCIAMIENTO. Estado de Excepción y violencia estatal vs. exigencia de derechos y protesta social

Quienes vivimos en Ecuador, especialmente quienes están en condiciones de pobreza o pobreza extrema y otras vulnerabilidades enfrentan una realidad distópica y adversa. El deterioro sostenido de sus condiciones de vida, la falta de trabajo adecuado y la remuneración digna, la inseguridad personal, falta de servicios de calidad y gratuitos, la crisis de la educación pública y el sistema de salud, los altos costos de alimentos y servicios básicos; las políticas públicas impulsoras de un extractivismo agresivo y depredador, la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas como constante, entre otras situaciones de violencia estatal son los principales reclamos de la sociedad. Estos reclamos han sido minimizados y desacreditados por el discurso oficial de un gobierno que afirma que “la casa está en orden”.1 No obstante, este supuesto “orden” está basado en el interés del poder corporativo transnacional y extractivista. Las élites económicas y la banca han pujado por la privatización estatal vía la desinstitucionalización y reducción del Estado, que se asume y se muestra incapaz de cumplir con la obligación de garantizar, inclusive, los mínimos de dignidad en cuanto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y hacer efectivo el respeto de los derechos de la naturaleza.