Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana
El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.
El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud.
Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.
Esta mañana, cientos de indígenas Kichwa de la Amazonía lideraron otra caminata de protesta en la ciudad de El Coca, Orellana. Hoy, hace un año, un derrame de 15,800 de barriles de crudo y combustibles contaminaron los ríos Coca y Napo.
Jueces negaron la causa a miles de indígenas kichwas amazónicos, se cubrieron los ojos frente a las vulneraciones en cuerpos de niñas, niños, adultos, en animales, vegetación y en el territorio.
En el Consejo de la Judicatura, fueron recibidos por Fabricio Peña y Galo Larco, dos funcionarios de dicha institución, quienes se comprometieron a entregar una respuesta hasta el día lunes, 8 de marzo. Peña señaló ser asesor de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y Larco refirió su cargo como asesor del representante legal del Consejo de la Judicatura. Hasta el momento, las comunidades no han recibido respuesta, pese a las llamadas, insistencias y ofrecimientos.
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Esta mañana, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional, en Quito, para reclamar por más de diez meses sin justicia, reparación integral ni garantías futuras por parte del Estado, las operadoras de justicia y las agencias de control, desde el derrame de 15,800 barriles de crudo y combustible, en los ríos Coca y Napo.
Petición al Consejo de la Judicatura de Orellana de un pronunciamiento sobre sentencia y consideraciones que se deben tomar en cuanta en la sentencia por el derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de Abril en la Amazonía Ecuatoriana.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador Pastaza (CONCONAWEP), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador celebramos la decisión de los tres bancos europeos, el Grupo BNP Paribas, Credit Suisse y el Grupo ING, de
La Procuraduría General del Ecuador infundadamente pretenda que la Corte Provincial de Orellana no analice el fondo de la acción por el #SOSDerrameAmazonía, en abierta contradicción a lo que ya ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador, que es obligación de todos los jueces constitucionales analizar la vulneración de derechos.
Entrega de Evidencia y Solicitud de Sentencia Acción de Protección Derrame en la Amazonía
Hoy se entregaron más de 14.000 firmas al Consejo de Judicatura de Orellana, en apoyo a las víctimas del derrame de crudo, donde se exige justicia y reparación para las comunidades y la naturaleza. El listado de firmas incluye a ciudadanos no solo ecuatorianos, sino de otros países que están pendientes de una decisión dentro de este caso.