Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana

El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.

El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud. 

Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador Pastaza (CONCONAWEP), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador celebramos la decisión de los tres bancos europeos, el Grupo BNP Paribas, Credit Suisse y el Grupo ING, de

La Procuraduría General del Ecuador infundadamente pretenda que la  Corte Provincial de Orellana no analice el fondo de la acción por el #SOSDerrameAmazonía, en abierta contradicción a lo que ya ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador, que es obligación de todos los jueces constitucionales analizar la vulneración de derechos.

Entrega de Evidencia y Solicitud de Sentencia Acción de Protección Derrame  en la Amazonía

Hoy se entregaron más de 14.000 firmas al Consejo de Judicatura de Orellana,  en apoyo a las víctimas del derrame de crudo, donde se exige justicia y reparación para las comunidades y la naturaleza. El listado de firmas incluye a ciudadanos no solo ecuatorianos, sino de otros países que están pendientes de una decisión dentro de este caso.

En virtud de que el numeral 1 de la notificación del 10 de diciembre de 2020 no está debidamente motivada y no es proporcional ni razonable, exigimos que DE FORMA INMEDIATA SE REVOQUE; y, por lo tanto, que resuelva DE FORMA INMEDIATA sobre la realización de la audiencia de forma telemática para la fecha convocada para el  14 de diciembre. 

Accionantes  solicitan el desarrollo de audiencia telemática al  Dr. Ángel Ernesto Morán Mejía, juez ponente de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana.

Los días 19 y 20 de septiembre de 2020, se realizó un recorrido por 6 comunidades de la ribera de los ríos Coca y Napo de las parroquias Pañacocha y de la provincia de Sucumbíos, y las parroquias San Carlos, Orellana y Augusto Rivadeneira, del cantón Aguarico.

Integrantes de las 109 comunidades Kichwas insistieron ante el Consejo de la Judicatura por las irregularidades en la acción de protección que plantearon hace ya cinco meses.

En un episodio más de maltrato estatal a las víctimas del derrame, varios comuneros y comuneras fueron retenidos en el trayecto.  

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la FUCUNAE y las comunidades indígenas Kichwa afectadas por el derrame del pasado 7 de abril expresamos nuestra preocupación por todos los graves impactos que al menos 27 mil personas siguen siendo víctimas, y denunciamos nuevos hechos de vulneración y agravio: las empresas responsables del derrame pretenden ahora “socializar el restablecimiento del recurso agua”, donde pretender legitimar que el río está en condiciones óptimas para uso y consumo humano para dar por finalizada la supuesta remediación.

Solicitamos que se notifique la sentencia que se leyó el 1 de septiembre de forma inmediata, para poder ejercitar nuestro derecho a la defensa, que fue negado expresamente durante la audiencia.