Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana

El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.

El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud. 

Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.

A los dos meses de haber suspendido la Audiencia de Acción de Protección con Medidas Cautelares, juez de Orellana increpa a las víctimas y señala que con sus reclamos se ha mermado su buen nombre.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos realizaron el lanzamiento oficial de la campaña internacional “Detén la Extracción en la Amazonía”, mediante una rueda de prensa virtual, este martes 4 de agosto.

El 22 de julio de 2020, en el marco del seguimiento a los dictámenes del estado de excepción vigente, la Corte Constitucional del Ecuador se refirió a diversos reclamos planteados por esta Alianza por los Derechos Humanos con relación a la vulneración del derecho a la  tutela judicial de las comunidades afectadas por el derrame de crudo del pasado 07 de abril de 2020. Hasta la presente fecha, el juicio de Acción de Protección está en un limbo jurídico.

El 07 de abril de 2020, la ruptura del oleoducto de petróleo y combustible generó el peor desastre socio-ambiental en los últimos quince años. El derrame se extendió por los ríos Coca y Napo, afectando a más de 27.000 indígenas que llevan más de dos meses esperando por justicia y reparación. Estos ríos son la principal fuente de agua y alimento y, ante la ausencia estatal, no tienen otra opción que seguir consumiendo el agua y los peces de las afluentes contaminadas.

La tarde del 22 de junio, comuneros reportaron un fuerte olor de diésel y manchas de hidrocarburos en el río, cerca de la comunidad de Sardinas y San Pedro del Río Coca, en la provincia de Orellana. Adicionalmente, en el puente ubicado a la altura de San Sebastián del Coca, se evidenció un inusual movimiento de trabajadores en el río, quienes colocaban barreras de contención.

Dirigentes de las comunas impactadas por el derrame del 7 de abril y organizaciones sociales, denuncian dilación de la audiencia de acción de protección y la falta de atención humanitaria y médica para los afectados.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información preocupante sobre la grave situación de salud que enfrentan varias personas de comunidades kichwa afectadas por el derrame ocurrido el pasado 7 de abril. Las afecciones descritas en algunos casos se refieren a problemas dérmicos por contacto con agua contaminada, brote epidemiológico de Dengue y, en otros, a sintomatología asociada a COVID-19.

Las y los accionantes ponemos en conocimiento de la Defensoría del Pueblos hechos de relevancia y solicitamos se incluya dentro del expediente defensorial los incumplimiento del Estado en relación con el respeto de la tutela judicial efectiva; se nos informe sobre las acciones desarrolladas por la institución con respecto a este caso; se remita copias de informes incorporados al expediente; y se inicien acciones estratégicas para garantizar los derechos de los afectados. 

Las personas accionantes dentro de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDAS CAUTELARES presentada por la vulneración de derechos constitucionales de comunidades afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el 7 de abril, se manifiestan en relación a la suspensión de la audiencia de fecha 1 de junio de 2020.

Las y los accionantes, personas afectadas, defensores y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, quienes hemos comparecido en la acción de protección con medidas cautelares 22281-2020-00201, y que se encuentra siendo tramitada en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Francisco de Orellana, ponemos en su conocimiento los siguientes hechos y fundamentos de derecho, dentro del seguimiento del Dictamen de Constitucionalidad 1-20-EE/20.