Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana
El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.
El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud.
Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.
Activistas de las organizaciones ambientalistas Stand.earth y Amazon Watch hicieron un llamado de atención a los líderes mundiales frente al pedido de quienes dirigen la Cuenca Amazónica y demandan fin de la expansión de la extracción de petróleo en la Amazonía.
Los defensores construyeron un altar para denunciar las graves vulneraciones a los derechos, la contaminación, la corrupción, la deforestación y el despojo de tierras perpetradas por las industrias extractivas con el aval de los gobiernos en la región amazónica.
Los días 29 y 30 de noviembre del 2021, a un año siete meses de ocurrido el derrame, se realizó un nuevo recorrido, esta vez por 3 comunidades Kichwa ubicadas en la ribera del río Coca. Estas comunidades son San José del Coca, San Pablo y Toyuca, en donde según los testimonios de los dirigentes aún existían evidencias de contaminación, principalmente la muerte de la vegetación de la orilla del río.
Una alianza entre el gobierno, las empresas, sus abogados y la iniciativa de "transparencia" EITI convoca otro encuentro anual de energía y petróleo en Quito. Como es costumbre, es avalado por el mismo Estado ecuatoriano, y se reúnen a espaldas de las comunidades afectadas por actividades petroleras, sin contar con su consentimiento previo e informado. Este patrón de desdén por las y los afectados se ha mantenido por décadas.
Esta mañana, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito, para exigir que se fije una fecha de audiencia en esta instancia, una vez que la Acción Extraordinaria de Protección presentada por las comunas fue seleccionada como una causa de tratamiento prioritario, y para ser sustanciada obviando el orden cronológico debido a la afectación de derechos de múltiples personas y comunidades, así como de la naturaleza y; así como un dictamen que les de justicia y reparación.
Solicitamos a los jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, reciban el día 20 de octubre a las 11H00, a una delegación de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana - FCUNAE , quienes se desplazaran desde sus territorios a la ciudad de Quito, a fin de explicar más en detalle la situación y las graves implicaciones que la falta de avance en la sustanciación y resolución de la causa implica para sus derechos y su vida.
La Corte Constitucional ecuatoriana ha admitido a trámite dos causas relacionadas con el peor derrame de petróleo de la década ocurrido el 7 de abril de 2020, cuando 15.800 barriles de hidrocarburos contaminaron los ríos Coca y Napo afectando gravemente a la naturaleza y a aproximadamente 27 mil personas y 105 comunidades quienes han visto vulnerados sus derechos a la vida digna, al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, a la integridad territorial de los pueblos y nacionalidades.
El 7 de junio de 2021 la valiente población de Buenos Aires obtuvo una resolución favorable por parte de la justicia constitucional a su petición de que se retiren los improvisados campamentos mineros ubicados en la entrada de la parroquia por la amenaza que estos suponen a sus derechos constitucionales.
La Corte Constitucional (CCE) ha seleccionado para revisión la sentencia sobre el derrame del 7 de abril de 2020. Como se recordará, el derrame de 15800 barriles afectó a más de 105 comunidades kichwa con una población de, al menos, 27.000 personas. Los jueces de primera instancia y apelación desecharon la acción propuesta por las víctimas y organizaciones aliadas. Ahora, la CCE ha decidido revisar esas sentencias por gravedad, novedad y relevancia nacional.
En abril de 2021, el banco corporativo y de inversión francés Natixis publicó su compromiso para poner fin al financiamiento del comercio del petróleo crudo ecuatoriano. Este anuncio ubica a Natixis como el único banco que ha actualizado su política oficial, en la cual excluye todo el petróleo y el gas ecuatoriano de su cartera de financiamiento.