Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana

El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.

El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud. 

Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la FUCUNAE y las comunidades indígenas Kichwa afectadas por el derrame del pasado 7 de abril expresamos nuestra preocupación por todos los graves impactos que al menos 27 mil personas siguen siendo víctimas, y denunciamos nuevos hechos de vulneración y agravio: las empresas responsables del derrame pretenden ahora “socializar el restablecimiento del recurso agua”, donde pretender legitimar que el río está en condiciones óptimas para uso y consumo humano para dar por finalizada la supuesta remediación.

Solicitamos que se notifique la sentencia que se leyó el 1 de septiembre de forma inmediata, para poder ejercitar nuestro derecho a la defensa, que fue negado expresamente durante la audiencia.

El juez Jaime Oña de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Francisco de Orellana en Ecuador, negó la demanda constitucional presentada por comunidades Kichwas y organizaciones de derechos humanos contra el Estado ecuatoriano y las compañías petroleras responsables del derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de abril, considerado uno de los peores en los últimos 15 años. 

En uso de los derechos que nos da la Constitución, los instrumentos internacionales y, de manera fundamental, la razón nos constituimos como tribunal ético popular, cuyo objeto en la presente causa es definir si han existido violaciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza con ocasión del derrame ocurrido el pasado 07 de abril de 2020, reconocer la verdad de los hechos y aportar en la construcción de digna justicia y reparación.

La noche de este miércoles, 19 de agosto de 2020, concluyó la audiencia de acción de protección y medidas cautelares por el derrame del pasado 7 de abril, donde el juez Jaime Oña Mayorga anunció que hará pública la sentencia el próximo 1 de septiembre. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda presentada el 29 de abril.

Los bancos en Suiza, Francia y Holanda viabilizan el comercio del petróleo desde la Amazonía ecuatoriana, también son responsables de la contaminación de los ríos  por los derrames, los abusos contra los derechos humanos y la destrucción del clima.

Todo juzgador deberá garantizar que en su actuar prime la objetividad, la imparcialidad, la integridad y la transparencia. De esa manera, todo juez o jueza tiene el deber de promover una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia; la misma que queda puesta en duda dadas sus declaraciones y el trato que ha dispensado a la presente cauda desde el pasado 29 de abril hasta la fecha.

Hoy, 14 de agosto de 2020, cerca de 200 comuneros kichwas de las riberas de los ríos Coca y Napo vuelven a la ciudad de El Coca, en representación de 27.000 indígenas cuyos derechos han sido vulnerados por la negligencia de las empresas petroleras y el Estado, dejándolos en un estado de desprotección y en eminente peligro por los efectos de la erosión regresiva del río y la probabilidad de futuros derrames e inundaciones.

117 líderes religiosos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, República Democrática del Congo, Kenya y Burkina Faso emitieron una declaración en apoyo a la solicitud de protección y reparación de los demandantes.

Luego de instalarse la audiencia de acción de protección, tras 72 días de suspensión, denunciamos públicamente la falta de motivación del Juez en decisiones que restringen derechos procesales a las víctimas, trato desigual a las partes e incluso, adelanto de criterios, demostrando parcialidad en contra de las víctimas y a favor de los responsables de un derrame de petróleo y combustibles que, a la fecha, sigue causando estragos en la salud y el acceso a agua y alimento de por lo menos 27 mil personas.