PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO Comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos demandamos que la Corte Constitucional declare urgentemente la responsabilidad del Estado por la vulneración de derechos

La Corte Constitucional ecuatoriana ha admitido a trámite dos causas relacionadas con el peor derrame  de petróleo de la década ocurrido el 7 de abril de 2020, cuando 15.800 barriles de hidrocarburos contaminaron los ríos Coca y Napo afectando gravemente a la naturaleza y a aproximadamente 27 mil personas y 105 comunidades quienes han visto vulnerados sus   derechos a la vida digna, al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, a la integridad territorial de los pueblos y nacionalidades.