Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana

El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.

El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud. 

Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.

Solicitamos a los jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, reciban el día 20 de octubre a las 11H00, a una delegación de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana - FCUNAE , quienes se desplazaran desde sus territorios a la ciudad de Quito, a fin de explicar más en detalle la situación y las graves implicaciones que la falta de avance en la sustanciación y resolución de la causa implica para sus derechos y su vida.

La Corte Constitucional ecuatoriana ha admitido a trámite dos causas relacionadas con el peor derrame  de petróleo de la década ocurrido el 7 de abril de 2020, cuando 15.800 barriles de hidrocarburos contaminaron los ríos Coca y Napo afectando gravemente a la naturaleza y a aproximadamente 27 mil personas y 105 comunidades quienes han visto vulnerados sus   derechos a la vida digna, al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, a la integridad territorial de los pueblos y nacionalidades.   

El 7 de junio de 2021 la valiente población de Buenos Aires obtuvo una resolución favorable por parte de la justicia constitucional a su petición de que se retiren los improvisados campamentos mineros ubicados en la entrada de la parroquia  por la amenaza que estos suponen a sus derechos constitucionales. 

La Corte Constitucional (CCE) ha seleccionado para revisión la sentencia sobre el derrame del 7 de abril de 2020. Como se recordará, el derrame de 15800 barriles afectó a más de 105 comunidades kichwa con una población de, al menos, 27.000 personas. Los jueces de primera instancia y apelación desecharon la acción propuesta por las víctimas y organizaciones aliadas. Ahora, la CCE ha decidido revisar esas sentencias por gravedad, novedad y relevancia nacional.

En abril de 2021, el banco corporativo y de inversión francés Natixis publicó su compromiso para poner fin al financiamiento del comercio del petróleo crudo ecuatoriano. Este anuncio ubica a  Natixis como el único banco que ha actualizado  su política oficial, en la cual  excluye todo el petróleo y el gas ecuatoriano de su cartera de financiamiento.

Esta mañana, cientos de indígenas Kichwa de la Amazonía lideraron otra caminata de protesta en la ciudad de El Coca, Orellana. Hoy, hace un año, un derrame de 15,800 de barriles de crudo y combustibles contaminaron los ríos Coca y Napo. 

Jueces negaron la causa a miles de indígenas kichwas amazónicos, se cubrieron los ojos frente a las vulneraciones en cuerpos de niñas, niños, adultos, en animales, vegetación y en el territorio.
 

En el Consejo de la Judicatura, fueron recibidos por Fabricio Peña y Galo Larco, dos funcionarios de dicha institución, quienes se comprometieron a entregar una respuesta hasta el día lunes, 8 de marzo. Peña señaló ser asesor de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y Larco refirió su cargo como asesor del representante legal del Consejo de la Judicatura. Hasta el momento, las comunidades no han recibido respuesta, pese a las llamadas, insistencias y ofrecimientos.

Esta mañana, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional, en Quito, para reclamar por más de diez meses sin justicia, reparación integral ni garantías futuras por parte del Estado, las operadoras de justicia y las agencias de control, desde el derrame de 15,800 barriles de crudo y combustible, en los ríos Coca y Napo.