Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana
El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.
El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud.
Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información preocupante sobre la grave situación de salud que enfrentan varias personas de comunidades kichwa afectadas por el derrame ocurrido el pasado 7 de abril. Las afecciones descritas en algunos casos se refieren a problemas dérmicos por contacto con agua contaminada, brote epidemiológico de Dengue y, en otros, a sintomatología asociada a COVID-19.
Las y los accionantes ponemos en conocimiento de la Defensoría del Pueblos hechos de relevancia y solicitamos se incluya dentro del expediente defensorial los incumplimiento del Estado en relación con el respeto de la tutela judicial efectiva; se nos informe sobre las acciones desarrolladas por la institución con respecto a este caso; se remita copias de informes incorporados al expediente; y se inicien acciones estratégicas para garantizar los derechos de los afectados.
Las personas accionantes dentro de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDAS CAUTELARES presentada por la vulneración de derechos constitucionales de comunidades afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el 7 de abril, se manifiestan en relación a la suspensión de la audiencia de fecha 1 de junio de 2020.
Las y los accionantes, personas afectadas, defensores y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, quienes hemos comparecido en la acción de protección con medidas cautelares 22281-2020-00201, y que se encuentra siendo tramitada en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Francisco de Orellana, ponemos en su conocimiento los siguientes hechos y fundamentos de derecho, dentro del seguimiento del Dictamen de Constitucionalidad 1-20-EE/20.
Las y los accionantes, personas afectadas, defensores y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, que comparecemos en la acción de protección con medidas cautelares 22281-2020-00201, y que se tramita en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Francisco de Orellana, ponemos en su conocimiento los siguientes hechos relevantes sobre el caso y el desarrollo del proceso.
La Revista EcoAméricas realiza un artículo sobre las situaciones que ocasionaron el derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana (mayo 2020, pp. 14-17).
Recordamos que la Acción de Protección y las medidas cautelares son fundamentales para garantizar los derechos constitucionales a la vida, al agua, la alimentación, la salud, el medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas; y los derechos de la naturaleza.
Este 16 de mayo, A UN DÍA de la audiencia en el juicio propuesto por los afectados por el derrame del petróleo del pasado 7 de abril, el juez del proceso, Jaime Oña Mayorga, aplaza la diligencia para el 25 de mayo de 2020, día decretado como feriado a nivel nacional. El diferimiento de la audiencia es pedido del Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, quien alega “imposibilidad de acceder al expediente” en la emergencia sanitaria.