Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana
El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.
El referido derrame afecta a las familias indígenas asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo e, incluso, a quienes residen en la ciudad del Coca; sin embargo, el gerente de Petroecuador EP ha minimizado en los últimos días el impacto y la cantidad de comunidades afectadas. De igual forma, hasta la fecha, no existe evidencia de las supuestas medidas de “contención y remediación”; únicamente, se han tomado medidas de carácter paliativo y temporal, que no garantizan el acceso seguro a fuentes de agua y alimentación para las familias. Esta situación se agrava debido a la actual coyuntura de emergencia sanitaria por la pandemia, pues la población indígena ya enfrentaba a una vulnerabilidad alta para ejercer sus derechos a la alimentación y a la salud.
Cabe mencionar que este desastre ambiental estuvo antecedido por la implosión en el cauce natural de la Cascada San Rafael, el 2 de febrero de 2020. Tras este hecho, expertos emitieron varias advertencias públicas sobre lo que significaba este suceso y los riesgos de erosión. No obstante, el Estado no prestó atención a estas alertas y tampoco actuó en correspondencia con las mismas. Por tanto, como organizaciones de derechos humanos, hemos emprendido varias acciones en las que exigimos transparencia, fiscalización y actuación inmediata del Estado en favor de las víctimas de este desastre natural.
El próximo lunes, 18 de mayo, a las 09h00, se llevará a cabo la Audiencia dentro de la Acción de Protección y Medidas Cautelares presentada a favor de las y los afectados por el derrame de petróleo ocasionado por la ruptura de tres oleoductos.
Esta Alianza expresa la profunda preocupación por la situación de salud de las comunidades afectadas por el derrame petrolero. Requerimos al Ministerio de Salud Pública (MSP) que, de manera coordinada con la dirigencia de la FCUNAE y con esta Alianza, se ejecuten acciones de intervención y respuesta en la zona.
Las organizaciones demandantes y abogados aliados solicitaron al Ministerio del Ambiente información relacionada con el derrame de crudo ocurrido el 07 de abril de 2020.
Las organizaciones demandantes y abogados aliados solicitaron a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Orellana información relacionada con el derrame de crudo ocurrido el 07 de abril de 2020.
Las organizaciones demandantes y abogados aliados solicitaron al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana información relacionada con el derrame de crudo ocurrido el 07 de abril de 2020.
Las organizaciones demandantes y abogados aliados solicitaron al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables el acceso a varios documentos sobre el derrame de crudo ocurrido el 07 de abril de 2020.
El juez Jaime Oña Mayorga previo a calificar la presente acción de protección por el derrame de crudo dispuso la entrega de los contactos telefónicos -de ser posible números celulares-, correos electrónicos y las direcciones de las Delegaciones provinciales en la ciudad de Francisco de Orellana de las instituciones públicas demandadas.
Las organizaciones demandantes y abogados aliados solicitaron al Ministerio del Ambiente el acceso a varios documentos sobre el derrame de crudo ocurrido el 07 de abril de 2020.
La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de esta Alianza, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades, así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.
Las organizaciones de derechos humanos solicitamos a las Comisiones de Fiscalización, de Salud, Biodiversidad, Derechos Colectivos y al Consejo de Administración Legislativa iniciar un proceso de fiscalización tanto a autoridades nacionales como seccionales.