Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.
Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador
Las y los manifestantes denuncian que el domingo 11 de octubre de 2020, aproximadamente a las 10:00, se dirigieron hasta una de las propiedades donde reposa la maquinaria de la empresa minera HANRINE, con la finalidad de solicitarle al propietario que retire la maquinaria de su propiedad, debido a que los bonaerenses ya se pronunciaron reiteradas veces, y de manera contundente, sobre su rechazo a toda actividad minera dentro de la parroquia.
Los días 19 y 20 de septiembre de 2020, se realizó un recorrido por 6 comunidades de la ribera de los ríos Coca y Napo de las parroquias Pañacocha y de la provincia de Sucumbíos, y las parroquias San Carlos, Orellana y Augusto Rivadeneira, del cantón Aguarico.
Integrantes de las 109 comunidades Kichwas insistieron ante el Consejo de la Judicatura por las irregularidades en la acción de protección que plantearon hace ya cinco meses.
En un episodio más de maltrato estatal a las víctimas del derrame, varios comuneros y comuneras fueron retenidos en el trayecto.
El 7 de septiembre de 2020, el Juez de la Sala Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro emitió una providencia, en la que informa dispone al Ministerio de Ambiente y Agua, al Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No Renovables y a la Contraloría General del Estado que, en el plazo de 15 días, informen por escrito al Juez sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para dichas instituciones en la sentencia referida.
En la mañana de este miércoles, 16 de septiembre de 2020, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos suspendió por quinta vez la audiencia de apelación por el caso Mecheros, alegando que no se ha ratificado por escrito la participación de las y los abogados de las nueve niñas demandantes.
Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos permanecemos vigilantes a la audiencia por la acción de Acceso a la Información interpuesta contra el Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que se desarrollará el 15 de septiembre, en el Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil. La información solicitada es referente al compromiso que habían acordado las ya nombradas instituciones públicas en re
Denunciamos la vulneración del derecho de las personas trans a su identidad de género auto-percibida pues, a pesar del cambio de la sección nombres y género en su cédula de ciudadanía, se encuentran empadronados en la Junta Receptora opuesta a su autodeterminación.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la FUCUNAE y las comunidades indígenas Kichwa afectadas por el derrame del pasado 7 de abril expresamos nuestra preocupación por todos los graves impactos que al menos 27 mil personas siguen siendo víctimas, y denunciamos nuevos hechos de vulneración y agravio: las empresas responsables del derrame pretenden ahora “socializar el restablecimiento del recurso agua”, donde pretender legitimar que el río está en condiciones óptimas para uso y consumo humano para dar por finalizada la supuesta remediación.
Indira Azucena Vargas, compañera afectiva del dirigente de la organización indígena Amazónica CONFENIAE, Andrés Tapia, fue intimidada por una persona de sexo masculino que ingresó arbitrariamente a su domicilio, indicando ser funcionario de la Fiscalía Provincial de Pastaza. El sujeto en mención ingresó al domicilio sin autorización de los dueños de la vivienda y sin contar con orden judicial para ello.
Solicitamos que se notifique la sentencia que se leyó el 1 de septiembre de forma inmediata, para poder ejercitar nuestro derecho a la defensa, que fue negado expresamente durante la audiencia.
El juez Jaime Oña de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Francisco de Orellana en Ecuador, negó la demanda constitucional presentada por comunidades Kichwas y organizaciones de derechos humanos contra el Estado ecuatoriano y las compañías petroleras responsables del derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de abril, considerado uno de los peores en los últimos 15 años.
En uso de los derechos que nos da la Constitución, los instrumentos internacionales y, de manera fundamental, la razón nos constituimos como tribunal ético popular, cuyo objeto en la presente causa es definir si han existido violaciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza con ocasión del derrame ocurrido el pasado 07 de abril de 2020, reconocer la verdad de los hechos y aportar en la construcción de digna justicia y reparación.
Como organizaciones de derechos humanos del Ecuador exigimos que el Estado ecuatoriano, a través de Cancillería, demande del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, actuaciones que se orienten a fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de Derecho, y que rechace rotundamente la inaceptable y arbitraria injerencia en su autonomía e independencia, orientada a debilitarlo e impedir que la Comisión pueda llevar a cabo su mandato de defender, supervisar y promover los derechos humanos en la región de manera independiente y autónoma.
La noche de este miércoles, 19 de agosto de 2020, concluyó la audiencia de acción de protección y medidas cautelares por el derrame del pasado 7 de abril, donde el juez Jaime Oña Mayorga anunció que hará pública la sentencia el próximo 1 de septiembre. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda presentada el 29 de abril.
Los bancos en Suiza, Francia y Holanda viabilizan el comercio del petróleo desde la Amazonía ecuatoriana, también son responsables de la contaminación de los ríos por los derrames, los abusos contra los derechos humanos y la destrucción del clima.
Todo juzgador deberá garantizar que en su actuar prime la objetividad, la imparcialidad, la integridad y la transparencia. De esa manera, todo juez o jueza tiene el deber de promover una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia; la misma que queda puesta en duda dadas sus declaraciones y el trato que ha dispensado a la presente cauda desde el pasado 29 de abril hasta la fecha.
Las organizaciones que firmamos este comunicado rechazamos la falta de transparencia; reiteramos en la necesidad de coordinación tanto interinstitucional como con la dirigencia Waorani; instamos a las entidades estatales a cumplir de inmediato la sentencia judicial, tal como fue dictaminada, y que su cumplimiento no se supedite a tardanzas burocráticas que exacerban el riesgo.
Hoy, 14 de agosto de 2020, cerca de 200 comuneros kichwas de las riberas de los ríos Coca y Napo vuelven a la ciudad de El Coca, en representación de 27.000 indígenas cuyos derechos han sido vulnerados por la negligencia de las empresas petroleras y el Estado, dejándolos en un estado de desprotección y en eminente peligro por los efectos de la erosión regresiva del río y la probabilidad de futuros derrames e inundaciones.
117 líderes religiosos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, República Democrática del Congo, Kenya y Burkina Faso emitieron una declaración en apoyo a la solicitud de protección y reparación de los demandantes.
Luego de instalarse la audiencia de acción de protección, tras 72 días de suspensión, denunciamos públicamente la falta de motivación del Juez en decisiones que restringen derechos procesales a las víctimas, trato desigual a las partes e incluso, adelanto de criterios, demostrando parcialidad en contra de las víctimas y a favor de los responsables de un derrame de petróleo y combustibles que, a la fecha, sigue causando estragos en la salud y el acceso a agua y alimento de por lo menos 27 mil personas.
Militares en las calles NO, es la consigna que como Alianza por los Derechos Humanos y personas activistas y defensoras de derechos humanos manifestamos, como hemos expresado en incansables ocasiones ante la ciudadanía y ante la misma Corte Constitucional del Ecuador. Por eso, exigimos de la Corte Constitucional, un fallo correspondiente con las obligaciones internacionales del Ecuador, y con la Constitución cuando resuelva sobre las demandas de inconstitucionalidad del Acuerdo 179 y de las normas conexas.
De las cuatro autoridades indígenas que se encontraban privadas de libertad por ejercer su derecho a la justicia indígena, los señores Ángel Belisario Calle Calle y Luis Eduardo Calle Espinoza recobraron su libertad el día de ayer; mientras que José Sarmiento y María Sotamba aún se encuentran en el CRS Turi. Sus familiares denuncian que han presentado los escritos respectivos a los jueces de garantías penitenciarias para tramitar la inmediata libertad, sin embargo, aún no se extienden las bol
A los dos meses de haber suspendido la Audiencia de Acción de Protección con Medidas Cautelares, juez de Orellana increpa a las víctimas y señala que con sus reclamos se ha mermado su buen nombre.
Reiteramos que, en la emergencia sanitaria actual, la transparencia es una obligación aún más inexcusable, pues sólo el conocimiento real sobre la situación que enfrentan las distintas provincias y, en consecuencia, los distintos grupos poblacionales, especialmente los más vulnerables, permitirá a las personas tomar decisiones autónomas e informadas para proteger su vida, su salud y la de su comunidad.
Quienes conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación por la situación agravada de las comunidades indígenas que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo, las cuales continúan sin respuesta a la vulneración de sus derechos humanos por parte de las autoridades estatales y las empresas públicas y privadas, responsables del mayor desastre socio-ambiental en los últimos 15 años.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos realizaron el lanzamiento oficial de la campaña internacional “Detén la Extracción en la Amazonía”, mediante una rueda de prensa virtual, este martes 4 de agosto.
El 22 de julio de 2020, en el marco del seguimiento a los dictámenes del estado de excepción vigente, la Corte Constitucional del Ecuador se refirió a diversos reclamos planteados por esta Alianza por los Derechos Humanos con relación a la vulneración del derecho a la tutela judicial de las comunidades afectadas por el derrame de crudo del pasado 07 de abril de 2020. Hasta la presente fecha, el juicio de Acción de Protección está en un limbo jurídico.