Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Furukawa Plantaciones C.A. Ecuador es una empresa abacalera acusada de someter a sus trabajadores a servidumbre de la gleba, considerada por las Naciones Unidas como una forma moderna de esclavitud. Esta Alianza conoció de varios casos de trabajadores con diagnóstico positivo de covid-19.

La Unidad de Mantenimiento del Orden UMO usó bombas lacrimógenas y detuvieron a dirigentes y habitanes de la comunidad. Este suceso dejó un saldo de heridos campesinos y agricultores.

Recordamos que la Acción de Protección y las medidas cautelares son fundamentales para garantizar los derechos constitucionales a la vida, al agua, la alimentación, la salud, el medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas; y los derechos de la naturaleza.

La protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia de género, requiere que el Estado excluya de la posibilidad de liberación no solo a quienes han cometido delitos sexuales, sino también a todas las personas que han sido procesadas por delitos y contravenciones relacionadas con la violencia de género, incluyendo feminicidios, homicidios y asesinatos donde la víctima haya sido una mujer. De la  población total de personas privadas de libertad, 2589 son mujeres.

De los 9780 kits solicitados al MIES (uno para cada familia), se entregaron apenas 1000, que contenían tan sólo dos elementos adecuados para el contexto cultural, pero totalmente insuficientes para las necesidades, el resto son productos ultra procesados perjudiciales para la salud humana. Lea más.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos Ecuador emite esta alerta a las autoridades, principalmente, a los entes de control: al Ministerio de Ambiente (MAE), la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Recursos Pesqueros y la Asamblea Nacional.

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Pobladores de Canoa del cantón San Vicente, al norte de Manabí, denuncian que debido al impacto del covid-19 y a las secuelas que dejó el terremoto de 2016, no tienen acceso al agua ni a alimentos y, además, han dejado de percibir los pocos ingresos económicos que les permitía comprar el agua.

Organizaciones de esta Alianza presentamos un Amicus curiae para que la Corte Constitucional vuelva a señalar al Estado ecuatoriano que las manifestaciones pacíficas -que guarden las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad correspondiente- no se encuentran suspendidas durante un estado de excepción, ampliado a través del Decreto Ejecutivo No. 1052.

Alerta suscrita por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y organizaciones aliadas el 18 de abril de 2020.

Este 16 de mayo, A UN DÍA de la audiencia en el juicio propuesto por los afectados por el derrame del petróleo del pasado 7 de abril, el juez del proceso,  Jaime Oña Mayorga, aplaza la diligencia para el 25 de mayo de 2020, día decretado como feriado a nivel nacional. El diferimiento de la audiencia es pedido del Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, quien alega “imposibilidad de acceder al expediente” en la emergencia sanitaria. 

En seguimiento a la Alerta 35, reiteramos nuestra preocupación ante el incremento de casos confirmados como positivos en la comunidad de Miwaguno y la ausencia de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) para dar atención en las comunidades de Conipare y Gareno, en la provincia de Napo; y  Toñampare, en la provincia de Pastaza.

Desde el 30 de abril de 2020, familiares de  personas privadas de libertad (ppl) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Riobamba han denunciado la existencia de posibles contagios en este CRS.   Las familias de las personas privadas de libertad se mantienen en alerta por esta situación, pues denuncian que el SNAI y el CRS Riobamba no entregan información al respecto. 

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta expresamos nuestra preocupación debido a la confirmación de un caso Covid-19 de una mujer waorani, de aproximadamente 21 años, que vive en la comunidad de Miwaguno, provincia de Orellana. Comunidad en la que el día de hoy ingresó un grupo del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar acciones de verificación.

El próximo lunes, ​18 de mayo, a las 09h00​, se llevará a cabo la ​Audiencia dentro de la Acción de Protección y Medidas Cautelares presentada a favor de las y los afectados por el derrame de petróleo ocasionado por la ruptura de tres oleoductos​.

Esta mañana se realizó el plantón pacífico con distanciamiento y medidas de protección pertinentes durante la emergencia sanitaria. La Policía Nacional reprimió a los manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos, y detuvo arbitrariamente incluso a un integrante del Comité Permanente por Defensa de los Derechos Humanos que se encontraba monitoreando la manifestación pacífica.

Esta Alianza expresa la profunda preocupación por la situación de salud de las comunidades afectadas por el derrame petrolero. Requerimos al Ministerio de Salud Pública (MSP) que, de manera coordinada con la dirigencia de la FCUNAE y con esta Alianza, se ejecuten acciones de intervención  y respuesta en la zona.

Las organizaciones que integramos la Alianza por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación y alertamos al Gobierno Nacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza, ejercido por miembros pertenecientes a la Policía Nacional y al Ejército, en el Recinto Limón, del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. 

Grupo de adultos mayores con cáncer de próstata denuncia que no ha podido acceder a la medicación que les permita continuar con su tratamiento oncológico. Esta exhorta al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, al Ministerio de Salud y a las demás autoridades competentes a asegurar que este grupo de pacientes puedan acceder de manera oportuna y segura a sus medicamentos, con el fin de que puedan continuar con su tratamiento médico y no pongan en peligro su vida.

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En la comunidad Chontaduro del sector Hojas Blancas de la Nacionalidad Chachi, en la provincia de Esmeraldas, este 30 de abril, se reportó el fallecimiento de dos personas, entre ellas un adulto mayor con sintomatología asociada al Covid-19. Sumada a esta situación, las comunidades chachis se enfrentan a tratos denigrantes y discriminatorios.

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El juez Jaime Oña Mayorga previo a calificar la presente acción de protección por el derrame de crudo dispuso la entrega de los contactos telefónicos -de ser posible números celulares-, correos electrónicos y las direcciones de las Delegaciones provinciales en la ciudad de Francisco de Orellana de las instituciones públicas demandadas.

Organizaciones sociales, docentes, activistas, investigadores y defensores de derechos humanos rechazamos reducción presupuestaria y exigimos garantizar el derecho a la educación en los términos establecidos en la Constitución y estándares internacionales de derechos humanos.

Las Organizaciones que formamos parte de la Alianza por los Derechos Humanos y otros colectivos que defendemos la educación pública, alertamos que el Estado ecuatoriano está incumpliendo con su mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación y está vulnerando el derecho al trabajo y a una remuneración digna del personal docente y administrativo.

Diversas fuentes locales han confirmado que, durante el periodo de cuarentena, se han desplegado nuevos focos de actividad maderera en la zona colindante a la ZITT e incluso, probablemente, dentro de ella,  sin que la institucionalidad concernida haya tomado medidas.

Son aproximadamente 480 habitantes que no vender sus artesanías y el cacao, ni continuar con las labores de su radio comunitaria. Además, el vicepresidente de la Nacionalidad, Salvador Chirimia, denuncia que la población carece de atención médica e insumos sanitarios para la  protección contra el Covid-19, lo cual se agravada con la contaminación de la minería en los ríos cercanos.

Los miembros de la Comisión de Justicia tienen la oportunidad de ratificar las disposiciones constitucionales del pluralismo jurídico sobre lo cual se fundamenta un Estado plurinacional e intercultural como lo es el Estado ecuatoriano, así como cumplir con las obligaciones estatales en el marco de los derechos humanos.

La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de esta Alianza, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades, así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.

Quienes suscribimos el presente comunicado somos profesionales de la Salud Colectiva, la Salud Pública, la Epidemiología, los Derechos Humanos y otras disciplinas afines; académicos, científicos y servidores públicos, sin vinculaciones ni aspiraciones político partidarias. Es nuestra responsabilidad científica pero ante todo ética advertir lo siguiente: Lea más

Pobladores de San Francisco de Cononaco, Orellana,  denuncian posible caso de Covid-19 en un trabajador del bloque petrolero 61, operado por Petroamazonas EP. El manejo poco transparente del Estado en relación a los casos de COVID-19 presentados en campos petroleros nos permite deducir que se intenta proyectar una falsa imagen de estabilidad y seguridad dentro del sector petrolero.

Advertimos que la ausencia de políticas públicas idóneas y medidas de contención y respuesta claras han incrementado la situación de riesgo para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Frente a estos hechos, hacemos un llamado urgente a las entidades del Estado central y seccional.

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Alerta levantada por la Alianza de Organizaciones para los Derechos Humanos el 17 de abril de 2020.