Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Siete defensores del territorio de la comuna de Barranquilla de San Javier, ubicada en el cantón de San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, enfrentan una demanda millonaria interpuesta por la empresa palmicultora Energy & Palma S.A. del grupo empresarial La Fabril.

La Corte Constitucional ecuatoriana ha admitido a trámite dos causas relacionadas con el peor derrame  de petróleo de la década ocurrido el 7 de abril de 2020, cuando 15.800 barriles de hidrocarburos contaminaron los ríos Coca y Napo afectando gravemente a la naturaleza y a aproximadamente 27 mil personas y 105 comunidades quienes han visto vulnerados sus   derechos a la vida digna, al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, a la integridad territorial de los pueblos y nacionalidades.   

Como han venido documentando y denunciando públicamente las comunidades afectadas, las organizaciones acompañantes y la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador desde el pasado 12 de junio, las fuertes lluvias en la provincia de Sucumbíos y en la región de la Amazonía, han generado varios desbordamientos de ríos y han causado una emergencia humanitaria: inundación de viviendas, pérdida de cultivos y especies menores; afectaciones a la infraestructura comunitaria, cortes de energía y agua potable; infecciones cutáneas, gástricas y respiratorias, sumadas a la proliferación de vectores

La Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana- F.C.U.N.A.E, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana- CONFENIAE, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denuncian que las comunidades ribereñas del río Coca siguen en riesgos sin que las autoridades de control emprendan acciones efectivas ni para prevenirlos ni para informar ni alertar y, menos, atender a las comunidades afectadas.

Hoy, 8 de julio de 2021, las organizaciones internacionales Stand.earth y Amazon Watch hicieron público un informe que revela que 14 bancos de renombre mundial están vinculados a escándalos de corrupción, a violaciones de derechos humanos y a graves daños ambientales.

Los bancos que financian la industria petrolera están muy expuestos al riesgo de alimentar actos de corrupción, vulnerar derechos humanos y generar daños ambientales, pese a que sus compromisos adquiridos sostienen lo contrario. Organizaciones indígenas y de la sociedad civil que  promueven la protección de la selva tropical y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas piden que se ponga fin al nuevo financiamiento al 2022, y el financiamiento en curso hasta 2025.

Como Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos nos solidarizamos con Sybel Martínez y Marianela Maldonado, demandamos que el Estado intervenga  para evitar que se produzcan  amenazas contra ellas así como en contra de cualquier otra persona que forma parte de la Alianza por la Niñez y Adolescencia Ecuador o quienes hubieran respaldado la denuncia realizada y para prevenir actos de intimidación, u hostigamiento en contra de mujeres defensoras de derechos.

Como Alianza de Organizaciones por los derechos humanos denunciamos un nuevo abuso del derecho penal para criminalizar defensores de derechos, incluido un miembro de nuestra Alianza. La empresa estatal  Petroecuador ha iniciado un proceso penal contra el dirigente Wilson Geovanni Quindigua Salazar y su asesor jurídico Luis Xavier Solís Tenesaca, en el marco de la protesta sostenida por la comuna kichwa El Edén contra la petrolera. Pese a que la denuncia está presentada desde el 13 de mayo, recién el 22 de junio fue notificado uno de los denunciados.

Como es de conocimiento público, las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza de la parroquia de la Merced de Buenos Aires, Urcuquí, provincia de Imbabura,  han mantenido un  proceso de resistencia y vigilia permanente por más de 60 días en contra de actividades  mineras ilegales e ilegítimas, y la invasión de las dos vías principales de acceso a la población por parte de la empresa minera de capital australiano Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining, titular de las concesiones  mineras, cuyos Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo y Planes de Acción son

 

El 23 de junio del presente año, el Juez Óscar Alfredo Coba Vayas de la Unidad Judicial Multicompetente de Cotacachi negó sin ni siquiera convocar a audiencia las Medidas Cautelares solicitadas por la Bióloga Andrea Terán a favor de la Naturaleza en el valle de Intag. 

Desde el 12 de junio de 2021, se vienen registrando fuertes lluvias en la provincia de Sucumbíos, región de la Amazonía ecuatoriana, mismas que han provocado el desbordamiento de los ríos Putumayo y San Miguel, generando afectaciones en al menos 15 comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus orillas, además de a la ciudad de Puerto El Carmen, cabecera cantonal de Putumayo.  La Emergencia humanitaria  ha sido alertada prontamente por las comunidades y organizaciones acompañantes, sin que  el Estado  haya adoptado medidas concretas y eficientes para atender las neces

El pasado 20 de junio de 2021, Antonio Vargas, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y actual presidente de la Nacionalidad Kichwa de la Provincia de Pastaza -Pastaza Kikin Kichwa Runakuna- PAKKIRU fue detenido en la ciudad de Puyo.

Demandamos que  la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana  en el ámbito de sus competencias tomen las medidas necesarias para se solucione de forma definitiva la situación que afecta la Institución Nacional de Derechos Humanos en Ecuador.   Específicamente solicitamos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que active todos los mecanismos necesarios para la selección y designación de la persona titular de la

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos operativos con autonomía administrativa y funcional para la emisión de medidas de protección a favor de los derechos individuales y colectivos de niños, niñas y adolescentes. Las Juntas no juzgan la ocurrencia de infracciones, sino que identifican si en un caso concreto, niños, niñas y adolescentes están expuestos y expuestas a riesgos y vulneraciones a su integridad, su vida, y en definitiva a sus derechos, para dictar medidas efectivas que las y los resguarden ante estos riesgos.

Este 16 de junio de 2021, las autoridades del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (PSHA) declararon el estado de alarma en su territorio ancestral debido a una propagación descontrolada del COVID-19 en varias de sus comunidades; de acuerdo con el comunicado del PSHA, “(...) existe población con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor de estómago, vómitos, tos seca y otros más síntomas” 

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador presentó el informe: “Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección”.  Este documento fue entregado por parte de las defensoras Josefina Tunki, Gabriela Fraga, Carlos Jipa, Elizabeth Durazno y María Espinosa, cuyos casos están incluidos en el reporte.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, nos propusimos analizar la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador, a través de la documentación de 22 casos emblemáticos, que en estos últimos diez años reflejan una persistente situación de vulnerabilidad y riesgo.

Rights Defenders Under Threat in Ecuador: How Government Protection is Insufficient and Favors Industry Interests 1ª ed.- Quito: Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. June, 2021

Denunciamos el trato inhumano y degradante del que ha sido víctima en una clínica privada un trabajador de reparto de @pedidosya que ha perdido uno de sus pies en un accidente de tránsitoExigimos al estado, a la fiscalía y a la empresa que actúe de forma diligente para garantizar los derechos del trabajador Jonathan  y no permitir que hechos similares vuelvan a ocurrir

 

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, nos propusimos analizar la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador, a través de la documentación de 22 casos emblemáticos, que en estos últimos diez años reflejan una persistente situación de vulnerabilidad y riesgo.

El 7 de junio de 2021 la valiente población de Buenos Aires obtuvo una resolución favorable por parte de la justicia constitucional a su petición de que se retiren los improvisados campamentos mineros ubicados en la entrada de la parroquia  por la amenaza que estos suponen a sus derechos constitucionales. 

La Corte Constitucional (CCE) ha seleccionado para revisión la sentencia sobre el derrame del 7 de abril de 2020. Como se recordará, el derrame de 15800 barriles afectó a más de 105 comunidades kichwa con una población de, al menos, 27.000 personas. Los jueces de primera instancia y apelación desecharon la acción propuesta por las víctimas y organizaciones aliadas. Ahora, la CCE ha decidido revisar esas sentencias por gravedad, novedad y relevancia nacional.

En un hecho que constituye una clara violación a los derechos territoriales de la Nación Sapara, el 11 de febrero de 2020, de manera inconsulta y sin realizar verificaciones pertinentes, la Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, instancia del Ministerio de Agricultura, por pedido de la “Asociación Ancestral Sapara Naruka”, da paso a la “rectificación” del nombre del titular del territorio Sapara.

Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos hemos desarrollado 10 tesis esenciales que defenderemos en virtud de fortalecer el Estado de derechos y la democracia.

Desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador – Asfadec y diversas personas de la sociedad civil, hemos hecho pública la denuncia de su desaparición, el contexto de la misma, la urgencia de activar mecanismos idóneos para que sea encontrada, y desde el día de ayer, específicamente solicitamos la activación Urgente del mecanismo Alerta Emilia.

Le recordamos a la institucionalidad Ecuatoriana, especialmente a Fiscalía y Cancillería, que la desaparición de un niño, niña o adolescente requiere de actuación inmediata y una coordinación interinstitucional efectiva. Para este caso internacional, es necesaria también la coordinación con las instituciones homólogas de Perú, con el objetivo de dar con el paradero de Rubi, sancionar a los responsables y garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse.

Desde la tarde del 10 de mayo, los socios de la comuna Kichwa “El Edén”, ubicada a cuatro horas de navegación por el río Napo, en la Parroquia El Edén, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, realizan una protesta pacífica contra la empresa E.P. Petroecuador por la explotación petrolera que realiza en sus territorios sin que exista un proceso de consulta previa, libre e informada, ni la suscripción de un convenio que garantice sus derechos.

 

Desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos condenamos los hechos de violencia en los que se ha visto involucrado el actual Defensor del Pueblo rechazamos la violencia estructural que enfrentan las mujeres en el Ecuador y exigimos la inmediata renuncia del funcionario Carrión Intriago.  Asimismo,  rechazamos los ataques a la Institución Nacional de DDHH, exigimos el respeto a su autonomía, independencia e imparcialidad y alertamos del nombramiento de autoridades cuyas acciones y declaraciones contribuyen a reproducir la viol