Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

En el 2011, la Contraloría General del Estado realizó una auditoría sobre la gestión ambiental de los Ministerios del Agua y Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables en relación con los proyectos “Mirador” y “San Carlos-Panantza”, que están en la Cordillera del Cóndor a cargo de las empresas chinas ExplorCobres y EcuaCorrientes.

La Corte Constitucional expulsó de nuestro ordenamiento jurídico la norma inserta en el año 2014 que sirvió para reprimir, perseguir y criminalizar durante 2015, 2017 y 2019.  Así,  las Fuerzas Armadas,  no pueden intervenir para el control del orden público ni para controlar la seguridad ciudadana, no pueden actuar de forma complementaria a la Policía Nacional.

Demandamos al gobierno ecuatoriano y al presidente electo exigir a su par colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la intervención urgente y eficaz de organismos internacionales de protección de derechos humanos

Exigimos al Estado el respeto y garantía de  la dignidad humana de todas las personas trabajadoras.   Las y los trabajadores del país y del mundo NO SOMOS UNA MERCANCÍA, es decir no podemos ser consideradas como un factor de producción o recurso empresarial.   En tal sentido, exigimos al gobierno  y a  la Asamblea Nacional el cumplimiento de obligaciones específicas ante las violaciones de los derechos fundamentales humanos laborales.

Nos solidarizamos y respaldamos las luchas del pueblo Colombiano que resiste en las calles por su dignidad y la defensa de sus derechos y demandamos al gobierno colombiano  que respete y garantice los derechos a la protesta social,  la libertad de asociación y expresión y  se abstenga de utilizar la fuerza de forma arbitraria e ilegal contra manifestantes; solicitamos  la intervención urgente de los órga

Demandamos a la Corte estudie a fondo los argumentos incluidos en nuestra demanda y actúe en derecho  de acuerdo con el marco constitucional garantista que nos rige, con las obligaciones libremente asumidas en el marco de los derechos humanos y, sobre todo, con la realidad que viven las niñas, mujeres, adolescentes y personas con capacidad de abortar, víctimas y sobrevivientes de violación, a quienes el Estado, a través de la normativa vigente discriminatoria, revictimiza nuevamente.

En días anteriores la Corporación Financiera Internacional (IFC), la rama prestamista del Banco Mundial, ha discutido la solicitud de un préstamo de 50 millones de dólares para la expansión de las granjas agroindustriales de PRONACA, la industria de producción animal más grande del país con una historia controversial por ser causante de graves problemas sociales y ambientales.

El lunes 19 de abril del 2021, como ya señaló esta Alianza, la población de Buenos Aires  amaneció con la noticia  de un nuevo intento de intervención de la empresa minera HANRINE acompañada de la fuerza pública. Así, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ese día, se verificó la presencia de “6 camiones presuntamente cargados de maquinarias, 15 camionetas con un aproximado de 200 trabajadores de la empresa HANRINE y representantes de la empresa.

EXIGIMOS el Presidente Duque que en cumplimento de las obligaciones con su país y con la comunidad internacional garantice la implementación del Acuerdo de Paz en todas sus dimensiones y particularmente para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de las comunidades y particularmente garantice la labor que realizan defensores/as y líderes como Sandra Liliana que ejerciendo autoridad desarrollan acciones legítimas para la protección de sus territorios y su integridad, muchas ve

El día lunes 19 de abril del 2021, la población de la parroquia rural de Buenos Aires despierta con la alerta ante la nueva invasión de la empresa HANRINE.

En abril de 2021, el banco corporativo y de inversión francés Natixis publicó su compromiso para poner fin al financiamiento del comercio del petróleo crudo ecuatoriano. Este anuncio ubica a  Natixis como el único banco que ha actualizado  su política oficial, en la cual  excluye todo el petróleo y el gas ecuatoriano de su cartera de financiamiento.

Denunciamos con preocupación la militarización y el uso irracional de la fuerza en contra de la Nacionalidad Waorani, en la provincia de Orellana, este 14 de abril. Según informaron comuneros, en la zona se hizo uso de gases lacrimógenos y disparos de perdigones para disipar una legítima protesta contra empresa petrolera que se niega a cumplir obligaciones acordadas con la comunidad. 

Las organizaciones que formamos la Alianza y las que suscribimos, apoyamos la resistencia de las comunidades de Pacto y del Distrito Metropolitano de Quito y exigimos  a la Corte Constitucional que garantice el derecho que tenemos las y los ecuatorianos de participar en todos los asuntos de interés público y de ser consultados y consultadas sobre cualquier asunto cuando una consulta popular se promueve desde la ciudadanía.

Las organizaciones que suscribimos demandamos a los dos candidatos que disputarán la Presidencia del Ecuador, comprometerse públicamente a garantizar una justicia constitucional independiente e imparcial que constituya una garantía de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza reconocidos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Esta mañana, cientos de indígenas Kichwa de la Amazonía lideraron otra caminata de protesta en la ciudad de El Coca, Orellana. Hoy, hace un año, un derrame de 15,800 de barriles de crudo y combustibles contaminaron los ríos Coca y Napo. 

Como Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos exhortamos a los candidatos y partidos políticos a abstenerse de cometer estos actos que denigran la dignidad humana protegida por nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, exhortamos a las autoridades electorales a realizar las investigaciones en el marco de sus funciones para identificar responsabilidades y sanciones respectivas.

En el Período Ordinario de Sesiones 179 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Pueblos Indígenas amazónicos transfronterizos, junto con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, dieron a conocer a las Comisionadas y Relatoras la grave situación que atraviesan a causa de las omisiones cometidas por los Estados Colombiano, Ecuatoriano y Peruano en el cumplimiento de sus obligaciones y por no generar acciones coordinadas y afirmativas que garantice su pervivencia cultural

Jueces negaron la causa a miles de indígenas kichwas amazónicos, se cubrieron los ojos frente a las vulneraciones en cuerpos de niñas, niños, adultos, en animales, vegetación y en el territorio.
 

Como defensoras y defensores de derechos humanos, rechazamos los actos de acoso e intimidación de la fuerza policial que el martes, 23 de marzo de 2021, fueron víctimas las y los participantes del plantón pacífico, organizado por la “Primera caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida en el Ecuador”, en los exteriores de la Fiscalía “La Merced”, en Guayaquil.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos instamos a la Fiscalía que de manera urgente, garantizando los principios de debida diligencia, realice todas las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, tomando en cuenta que la persona asesinada  fue un defensor de derechos humanos y de la naturaleza, y demandamos al Estado garantizar un entorno seguro para la labor de defensores y defensoras

En el Consejo de la Judicatura, fueron recibidos por Fabricio Peña y Galo Larco, dos funcionarios de dicha institución, quienes se comprometieron a entregar una respuesta hasta el día lunes, 8 de marzo. Peña señaló ser asesor de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y Larco refirió su cargo como asesor del representante legal del Consejo de la Judicatura. Hasta el momento, las comunidades no han recibido respuesta, pese a las llamadas, insistencias y ofrecimientos.

Adjuntamos el documento entregado el día 05 de marzo de 2021 a la Corte Constitucional del Ecuador

Esta mañana, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional, en Quito, para reclamar por más de diez meses sin justicia, reparación integral ni garantías futuras por parte del Estado, las operadoras de justicia y las agencias de control, desde el derrame de 15,800 barriles de crudo y combustible, en los ríos Coca y Napo.

Petición al Consejo de la Judicatura de Orellana de un pronunciamiento sobre sentencia  y consideraciones  que se deben tomar en cuanta en la sentencia por el derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de Abril en la Amazonía Ecuatoriana.

Las organizaciones que conformamos la Alianza por los Derechos Humanos enviamos una carta al presidente de la Asamblea Nacional solicitando que esté a la altura del momento histórico que vive el país y, en ejercicio de la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional, que disponga la comparecencia urgente e inmediata de las siguientes autoridades para ser recibidos en Comisión General en el Pleno de la Asamblea Nacional con el fin que puedan rendir cuentas al país respecto a los lamentables hechos sucedidos el día 23 de febrero de 2021 y de las medidas implementadas para prevenirlas.

Las organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos queremos expresar nuestra preocupación por la Carta Pública del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, dirigida  a “Pacto Global Red-Ecuador, donde denuncia la inclusión de la empresa Solaris Resources Inc, como aliado estratégico para aportar al desarrollo sostenible del Ecuador y en la misión de potenciar acciones colectivas para el avance de la Agenda 2030. 

Denunciamos masacre de decenas de personas privadas de libertad y bajo custodia estatal en los Centros de Privación de Libertad de Ecuador

Solicitud de acción urgente frente a irregularidades en el proceso electoral en Ecuador que afectan los procesos de participación y democracia