Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

El 10 de abril de 2022, alertamos del posible uso de la fuerza en un conflicto provocado por decisiones inconsultas de Petroecuador. En este caso, el almacenamiento de lodos tóxicos del campo Drago, ubicado en el corredor Sacha - Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos dentro del Bloque 57, al Oeste del campo Shushufindi, en medio de una comunidad; a lado de la escuela, nada menos.

La población de la Merced de Buenos Aires se declaró en resistencia en contra de la mal llamada minería “legal” que también ha producido graves afectaciones en sus vidas y en sus territorios por la imposición de actividades inconsultas, la criminalización, el uso de la fuerza pública en contra de la población, la fragmentación del tejido social.

La ampliación de la producción petrolera dispuesta por el Presidente Lasso mediante una política inconsulta, el Decreto 95 de 2021, se ejecuta sin los controles previos constitucionales: estudios de impactos ambientales que den cuenta de los riesgos conocidos a las poblaciones humanas y a las vertientes de agua que las sirven incluida la ciudad de Shushufindi, por tanto, sin el sustento técnico debido que pueda justificar la ampliación de actividades ni las consultas previas ambientales previstas en la Constitución. 

El 17 de febrero la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de “Ley Orgánica que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación” y lo remitió al Presidente de la República para su aprobación u objeción. El 16 de marzo, el Presidente Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional las objeciones al proyecto remitido, anunciando una supuesta Objeción “Parcial”.

El 17 de febrero la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de “Ley Orgánica que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación” y lo remitió al Presidente de la República para su aprobación u objeción. El 16 de marzo, el Presidente Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional las objeciones al proyecto remitido, anunciando una supuesta Objeción “Parcial”.


El miércoles 26 de enero la dirección zonal 8 del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica  (MAATE) rescató un perezoso de 2 uñas (Choloepus didactylus) que había permanecido en  cautiverio ilegal desde 2018 en un restaurante de la provincia del Napo. Los infractores presentaron un habeas corpus demandando la devolución del animal silvestre a ellos. 

El 22 de marzo, la presidenta de la UOCE, Nancy Bedón, recibió un “comunicado de desalojo” suscrito por Daniel López Villacrés, director de Planificación de la Alcaldía de Muisne, en el que se les da 24 horas para “desalojar” la finca. Este funcionario amenaza con denunciar a la UOCE  por un supuesto “delito de usurpación de terreno público” en caso de que la organización no salga.

Este 23 de marzo de 2022, en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron un nuevo reporte que evalúa 26 proyectos chinos que operan en 9 países de América Latina, demostrando que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.

 China has become a strategic actor for the financing and construction of large development projects in Latin America, generating a direct impact on the lives and rights of Latin Americans. This is worrying, even more so, knowing that 21 countries in the region have already joined the China’s Belt and Road Initiative (BRI)– a global infrastructure development strategy to invest in nearly 70 countries and international organizations.

China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, generando un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones. Esto preocupa, más aún sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.

La presencia de China en actividades extractivas y de infraestructura en América Latina se ha incrementado vertiginosamente durante la última década. El Banco de Desarrollo de China es hoy el principal prestamista internacional para varios países, y diversas compañías chinas están a cargo de los proyectos más grandes en Latinoamérica.

En Ecuador, históricamente se ha utilizado al derecho penal, y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para acallar protestas sociales y ambientales acontecidas en contextos de ejecución de megaproyectos y proyectos extractivos -en violación sistemática de los derechos a la consulta libre previa e informada, consulta ambiental y la defensa de  territorios y de la naturaleza- en contextos de ejercicio de justicia indígena;  en contextos de defensa de los territorios comunitarios; y, en general, en contextos de resistencia frente a decisiones lesivas de derechos como pudimos

El presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la Ley orgánica para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, proponiendo 61 reformas (de 63 artículos), e incluso cambios al mismo título de la Ley.

Los días 29 y 30 de noviembre del 2021, a un año siete meses de ocurrido el derrame, se realizó un nuevo recorrido, esta vez por 3 comunidades Kichwa ubicadas en la ribera del río Coca. Estas comunidades son San José del Coca, San Pablo y Toyuca, en donde según los testimonios de los dirigentes aún existían evidencias de contaminación, principalmente la muerte de la vegetación de la orilla del río.


Como  Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador rechazamos la  actuación de la Fiscalía de Gualaquiza de dilatar diligencias y obstaculizar peritajes esenciales que garantizan una idónea defensa de Johnny Q., testigo clave de la muerte de Fredi Taish, defensor indígena shuar, ocurrida el 7 de noviembre de 2013 durante un supuesto operativo de control minero por parte de ARCOM y las Fuerzas Armadas. El estado ecuatoriano, ha vinculado al proceso a Johnny Q como autor directo del delito de terrorismo con resultado de muerte.

Este 9 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional tiene la oportunidad histórica de  posicionarse en favor de las luchas sociales y decretar la amnistía a más de 270 hombres y mujeres, muchas de ellas adultas mayores que han sido criminalizadas por defender los derechos que tenemos quienes habitamos en el Ecuador 

Las organizaciones que conformamos la Alianza y quienes suscriben, rechazamos el uso indebido del derecho penal para perseguir a personas defensoras de derechos humanos quienes, justamente en cumplimiento de su rol, presentaron amicus curiae en la acción de protección interpuesta por la ex fiscal Erika Veliz, quien fue destituida por el Consejo de la Judicatura por su falta de debida diligencia en el caso conocido como “Niños de Naranjal”.

Nuevo informe de Stand.earth y Amazon Watch muestra el papel del banco en el financiamiento de empresas petroleras estatales vinculadas a corrupción, violaciones de derechos, contaminación y deforestación en la Amazonía. Líderes indígenas, activistas ambientales y de derechos humanos exigen a Citi que frene el financiamiento del petróleo y el gas amazónico. 

Como Defensoras y Defensores de derechos humanos, rechazamos los actos de acoso e intimidación por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)  Parroquial Gualel y empresas mineras ubicadas en la Provincia de Loja en contra de varias personas defensoras de DDHH y de la Naturaleza, quienes protegen y defienden el agua de la Cordillera Fierro Urco, de la explotación minera que amenaza el sector. 

El 9 de diciembre del 2021, ocho  defensores y defensoras de Derechos Humanos, moradores de Socio Vivienda de Guayaquil, en representación de más de 7 mil familias, presentaron una demanda de acción de protección contra la Política Pública de Vivienda que había ejecutado el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), exigiendo reparación integral y una Vivienda Digna. En la tarde del 17 de febrero de 2022   el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  (MIDUVI) acudió a entregar una notificación de “DESALOJO” a uno de los hijos de los demandantes.

Cotacachi, 11 de febrero del 2021. El Juez Óscar Coba Vayas de la unidad judicial multicompetente del cantón Cotacachi, negó la demanda de Acción de Protección presentada por comunidades de Intag, organizaciones y defensores de derechos humanos y de la naturaleza a favor de las especies, el agua, las comunidades y la biodiversidad de Intag, audiencia que inició el pasado 31 de enero y que duró un total de 10 días laborables.

La tarde del 27 de enero de 2015, Víctor Laz Jama terminó su jornada de labores en la cevichería donde trabajaba, en uno de los suburbios de Guayaquil, y se dirigió a las canchas de fútbol para encontrarse con sus amigos. Antes de llegar, fue abordado por los policías Geovanny Alexandro M. V. y Washington Daniel V. V., bajo sospecha de ser consumidor y vendedor de marihuana en el sector. Sin embargo, no le encontraron sustancia alguna.

Sobre las 17h00, del  28 de enero de 2022,  se registró una nueva rotura del oleoducto de crudos pesados, a cargo de la empresa privada OCP Ecuador S.A., entre cuyos socios figuran las empresas chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco y la norteamericana Occidental Petroleum.

Una alianza entre el gobierno, las empresas, sus abogados y la iniciativa de "transparencia" EITI convoca otro encuentro anual de energía y petróleo en Quito. Como es costumbre, es avalado por el mismo Estado ecuatoriano, y se reúnen a espaldas de las comunidades afectadas por actividades petroleras, sin contar con su consentimiento previo e informado. Este patrón de desdén por las y los afectados se ha mantenido por décadas. 

 

Desde las Organizaciones que conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, denunciamos y rechazamos una serie de irregularidades en las que la empresa petrolera Gran Tierra Energy está incurriendo en su intención de conseguir la licencia ambiental para la exploración y explotación del bloque 51 Chanangue.

Exigimos la presencia del Estado ecuatoriano, específicamente del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y del Ministerio de Energía, para que tome las medidas  administrativas legales que correspondan.

Denunciamos públicamente que el día de hoy, 19 de enero de 2022, en horas de la mañana,  Patricia Tates y Luis Tates, defensores de derechos humanos y comuneros de la parroquia La Merced de Buenos Aires, población en resistencia a actividades mineras ilegales e irregulares en su territorio, fueron aprehendidos arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional. Ellos intentaron  impedir la salida de material aurífero ilegal mientras exigían la regulación y control de las actividades mineras.

Las organizaciones que integramos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación y alerta frente a la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos que se desarrollará hoy, martes 18 de enero de 2022, contra Johnny Q., quien es un testigo clave de la ejecución extrajudicial de Fredi Taish.

A través del uso indebido, excesivo e injusto de una acción de protección por parte de la empresa Hidrotambo S.A, decidida en primera instancia sin citación ni notificación a las 140 comunidades afectadas ubicadas en los cantones Chillanes y San Miguel de la provincia de Bolívar, se pretende continuar con el incumplimiento del Recurso Extraordinario de Revisión que, desde el 2019, reconoce y corrige las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San José del Tambo y el uso desmedido del agua del río Dulcepamba.