Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

La tarde del 22 de junio, comuneros reportaron un fuerte olor de diésel y manchas de hidrocarburos en el río, cerca de la comunidad de Sardinas y San Pedro del Río Coca, en la provincia de Orellana. Adicionalmente, en el puente ubicado a la altura de San Sebastián del Coca, se evidenció un inusual movimiento de trabajadores en el río, quienes colocaban barreras de contención.

Dirigentes de las comunas impactadas por el derrame del 7 de abril y organizaciones sociales, denuncian dilación de la audiencia de acción de protección y la falta de atención humanitaria y médica para los afectados.

Respondiendo al requerimiento del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. José Francisco Calí Tzay, donde solicita a los agentes de la sociedad civil información para la preparación del informe sobre el “Impacto de COVID-19 en los pueblos indígenas”.

Desde el pasado 11 de junio de 2020 que ingresó un equipo del Ministerio de Salud del Distrito Pastaza a la comunidad de Sarayaku, con el objetivo de realizar 90 pruebas rápidas de COVID-19 y tres pruebas PCR, existen alrededor de 25 casos positivos. Desde esa fecha no han regresado las brigadas médicas para brindar atención ni medicamentos necesarios para la enfermedad.

El Estado ecuatoriano, desde la declaratoria de estado de excepción el 16 de marzo de 2020, no ha podido contener la crisis sanitaria que se ha expandido a todas las provincias del país, dejando un saldo al 17 de junio del 2020  de 48 490  casos confirmados de contagio.

 

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información preocupante sobre la grave situación de salud que enfrentan varias personas de comunidades kichwa afectadas por el derrame ocurrido el pasado 7 de abril. Las afecciones descritas en algunos casos se refieren a problemas dérmicos por contacto con agua contaminada, brote epidemiológico de Dengue y, en otros, a sintomatología asociada a COVID-19.

El 15 de junio de 2020, la Organización Waorani del Ecuador (NAWE) alertó, a través de un oficio dirigido a las autoridades nacionales, sobre la posible propagación del covid-19 en varias comunidades Waorani, tales como Boanamo, Omere, Cononaco Chico, Omakaweno, Gemeneweno, Ñoneno  y Bameno. Particularmente, preocupa el posible brote en Bameno, pues esta comunidad se encuentra localizada en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).

Las y los accionantes ponemos en conocimiento de la Defensoría del Pueblos hechos de relevancia y solicitamos se incluya dentro del expediente defensorial los incumplimiento del Estado en relación con el respeto de la tutela judicial efectiva; se nos informe sobre las acciones desarrolladas por la institución con respecto a este caso; se remita copias de informes incorporados al expediente; y se inicien acciones estratégicas para garantizar los derechos de los afectados. 

En el sector de la Floresta, calles Isabel la Católica y Galavis, en Quito, cerca de las 12:30, del sábado, 13 de junio de 2020, dos policías gritan a dos hombres jóvenes. Posteriormente, uno de los dos uniformados golpea a uno de los hombres con la visera de su casco. Se observa que ambos jóvenes no responden con violencia.

Como organizaciones de derechos humanos, creemos que es insuficiente hablar de un asesinato como se lo determinó en la formulación de cargos, en la audiencia de calificación de flagrancia del 28 de mayo. Este caso no puede ser subregistrado por parte  del Estado, ya que enviaría un mensaje incorrecto sobre la excesiva brutalidad del caso, el silencio actual de las Fuerzas Armadas y el contexto cotidiano de violencias y discriminaciones que sufren las personas LGBTIQ+ en Ecuador.

Las personas accionantes dentro de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDAS CAUTELARES presentada por la vulneración de derechos constitucionales de comunidades afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el 7 de abril, se manifiestan en relación a la suspensión de la audiencia de fecha 1 de junio de 2020.

Las y los accionantes, personas afectadas, defensores y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, quienes hemos comparecido en la acción de protección con medidas cautelares 22281-2020-00201, y que se encuentra siendo tramitada en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Francisco de Orellana, ponemos en su conocimiento los siguientes hechos y fundamentos de derecho, dentro del seguimiento del Dictamen de Constitucionalidad 1-20-EE/20.

Las y los accionantes, personas afectadas, defensores y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, que comparecemos en la acción de protección con medidas cautelares 22281-2020-00201, y que se tramita en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Francisco de Orellana, ponemos en su conocimiento los siguientes hechos relevantes sobre el caso y el desarrollo del proceso.

Las organizaciones que conformamos la Alianza por los Derechos Humanos, nos pronunciamos ante la solicitud de amnistía planteada por los dirigentes y dirigentas indígenas de la Comunidad de San Pedro de Cañar, que durante las tres últimas semanas ha estado en análisis por parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

La Revista EcoAméricas realiza un artículo sobre las situaciones que ocasionaron el derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana (mayo 2020, pp. 14-17).  

Como organizaciones firmantes, pedimos tomar las decisiones necesarias para evitar una tragedia porque los impactos ecológicos, sociales y de salud serían nefastos.

Urge que las autoridades del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Ambiente del Ecuador y al Presidente Lenin Moreno ordenen a la empresa OCP Ecuador el cierre inmediato de válvulas y el drenaje controlado del crudo.
Varias comunidades denuncian que tras haber participado en la audiencia de Acción de Protección se redujeron las raciones alimenticias y se obligó a firmar documentos en los que comuneros renuncian a reclamar por dotaciones.

En el caso del área del Parque Nacional Yasuní, se trata además de la zona más frágil del país por la presencia de Pueblos Indígenas Aislados, como la nacionalidad waorani de reciente contacto y, así también, de comunas kichwa amazónicas y mestizas.

Como Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos suscribimos este comunicado sobre el proceso de adjudicación de frecuencias en Ecuador, durante emergencia por #COVID-19. Solicitamos que se extiendan sus plazos para permitir la participación de medios comunitarios.

Son más de 100 familias que durante la pandemia de covid-19 no tienen acceso al agua ni para los alimentos ni para lavarse las manos y, además, han dejado de percibir los pocos ingresos económicos que les permitía comprar el agua a tanqueros privados. La provisión de agua a través de estos tanqueros cuesta 40 dólares.

Furukawa Plantaciones C.A. Ecuador es una empresa abacalera acusada de someter a sus trabajadores a servidumbre de la gleba, considerada por las Naciones Unidas como una forma moderna de esclavitud. Esta Alianza conoció de varios casos de trabajadores con diagnóstico positivo de covid-19.

La Unidad de Mantenimiento del Orden UMO usó bombas lacrimógenas y detuvieron a dirigentes y habitanes de la comunidad. Este suceso dejó un saldo de heridos campesinos y agricultores.

Recordamos que la Acción de Protección y las medidas cautelares son fundamentales para garantizar los derechos constitucionales a la vida, al agua, la alimentación, la salud, el medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas; y los derechos de la naturaleza.

La protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia de género, requiere que el Estado excluya de la posibilidad de liberación no solo a quienes han cometido delitos sexuales, sino también a todas las personas que han sido procesadas por delitos y contravenciones relacionadas con la violencia de género, incluyendo feminicidios, homicidios y asesinatos donde la víctima haya sido una mujer. De la  población total de personas privadas de libertad, 2589 son mujeres.

De los 9780 kits solicitados al MIES (uno para cada familia), se entregaron apenas 1000, que contenían tan sólo dos elementos adecuados para el contexto cultural, pero totalmente insuficientes para las necesidades, el resto son productos ultra procesados perjudiciales para la salud humana. Lea más.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos Ecuador emite esta alerta a las autoridades, principalmente, a los entes de control: al Ministerio de Ambiente (MAE), la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Recursos Pesqueros y la Asamblea Nacional.

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Pobladores de Canoa del cantón San Vicente, al norte de Manabí, denuncian que debido al impacto del covid-19 y a las secuelas que dejó el terremoto de 2016, no tienen acceso al agua ni a alimentos y, además, han dejado de percibir los pocos ingresos económicos que les permitía comprar el agua.

Organizaciones de esta Alianza presentamos un Amicus curiae para que la Corte Constitucional vuelva a señalar al Estado ecuatoriano que las manifestaciones pacíficas -que guarden las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad correspondiente- no se encuentran suspendidas durante un estado de excepción, ampliado a través del Decreto Ejecutivo No. 1052.

Alerta suscrita por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y organizaciones aliadas el 18 de abril de 2020.