Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Las víctimas y familiares que conformamos el Comité Nacional de Víctimas, la Alianza de Derechos Humanos, las defensoras y defensores de derechos humanos expresamos una profunda preocupación ante la falta de garantías del Estado ecuatoriano para el acceso a la justicia de las víctimas bajo principios de igualdad y no discriminación, incumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales.

El Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario será conocido en segundo debate sin la debida consulta prelegislativa

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, ante la coyuntura electoral, demandamos al Consejo Nacional Electoral transparencia e inmediatez en el conteo de votos, garantías para todos los veedores electorales y quienes están a pie de urnas verificando los sistemas de conteo, que definirá los candidatos que pasarán a la segunda vuelta, así como absoluto respeto a la voluntad popular. 

Las "aclaraciones" realizadas por  Ministro de Defensa de Ecuador al Grupo Parlamentario Fronterizo de la Asamblea Nacional son aun más cuestionables que las que ya fueron denunciadas por esta Alianza. Las interpretaciones personales y a conveniencia de un funcionario son inaceptables en un estado de derechos, más aún si con ellas se pretende justificar  y perpetuar violaciones a derechos humanos y si el funcionario tiene competencias en las fuerzas armadas

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denuncia otra demolición de un campamento en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Este nuevo incidente violento contradice una medida cautelar dispuesta por un juez, precisamente, para evitar más desalojos.

 

Ecuador inicia un nuevo ciclo político-electoral para la definición de los próximos gobernantes y asambleístas quienes, desde la función ejecutiva y legislativa, tendrán la responsabilidad primordial de velar por el bienestar de las y los ecuatorianos y de todos quienes residen en el territorio nacional; cumpliendo a cabalidad con el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza.

La Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador hace pública la “Declaración en Defensa de los Derechos Humanos de las ecuatorianas y ecuatorianos, de los pueblos, nacionalidades y de la naturaleza”, en la que se incluyen las diez tesis que fundamentan el trabajo de las 18 organizaciones del colectivo y que establecen los estándares que serán demandados en la gestión del gobierno entrante y las autoridades a la Asamblea Nacional. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador Pastaza (CONCONAWEP), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador celebramos la decisión de los tres bancos europeos, el Grupo BNP Paribas, Credit Suisse y el Grupo ING, de

La Procuraduría General del Ecuador infundadamente pretenda que la  Corte Provincial de Orellana no analice el fondo de la acción por el #SOSDerrameAmazonía, en abierta contradicción a lo que ya ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador, que es obligación de todos los jueces constitucionales analizar la vulneración de derechos.

Corte de Sucumbíos sentencia a favor de las niñas de la amazonía y ordena que se apaguen los mecheros

 El actual Ministro de Defensa,  Oswaldo Jarrín, realizó una serie de afirmaciones injuriosas que constituyen graves acusaciones en contra de los sistemas propios de guardianía y el ejercicio de derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

La comunidad denuncia que las más de dos mil hectáreas que irían a ser desalojadas por disposición judicial son territorio ancestral y  que tienen títulos de propiedad colectiva conseguidos en los años 1983-1984.

Entrega de Evidencia y Solicitud de Sentencia Acción de Protección Derrame  en la Amazonía

Las organizaciones que conformamos la Alianza hemos conocido hechos que se encuentran sucediendo en la comunidad San Luis Yantsas, perteneciente a la Asociación Shuar de Bomboiza, con relación al incumplimiento por parte de la empresa minera PROYECTMIN de la suspensión de actividades de exploración minera en todo el territorio de la Asociación Shuar de Bomboiza y de la ejecución de acciones que dividen y producen enfrentamientos entre miembros de la comunidad, por parte de la misma empresa.

Empleados del consorcio de las empresas mineras Codelco-Emasec-Enami  resguardados por policías, intentaron acceder a la comunidad de Barcelona en la quebrada San Rafael, Parroquia Peñaherrera-Intag, cantón Cotacachi, a pesar de que en previas ocasiones, de que esta comunidad como la de Cerro Pelado que se encuentra en el camino se declararon en resistencia rechazando la presencia de empresas mineras y de la  fuerza pública que respalda a las mismas y de que existe vigente una resolución judicial de suspensión de actividades mineras.

En octubre de 2020, la empresa Furukawa pidió la revocatoria de las medidas cautelares dictadas a favor de 123 trabajadores y extrabajadores accionantes, sin embargo, esta petición fue ratificada el 30 de diciembre por la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Asimismo,  el 06 de enero, a las 08h30, se reanuda la audiencia, que busca se determine la vulneración de derechos humanos provocada por décadas de esclavitud moderna a la que han sido sometidos.

En el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) ubicada en las provincias de Orellana y Pastaza, se han registrado durante el 2020: contagios significativamente altos del virus SARS-COV2 en la nacionalidad Waorani quienes son pueblos indígenas en contacto inicial, actividades ilegales de extracción de balsa y maderas finas, derrames de crudo y alertas de posibles encuentros o ingreso no autorizado de terceros, que ponen en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).

La instalación de la audiencia se dio en medio del absoluto incumplimiento de las normas de bioseguridad necesarias en la coyuntura actual. No todos los accionantes pudieron ingresar y aquellos que sí lo hicieron tuvieron que permanecer hacinados durante el proceso que duró aproximadamente ocho horas, en varias salas habilitadas para el efecto.

Debido a la necesidad de practicar prueba testimonial y para garantizar el derecho al acceso al expediente del proceso, establecido en el artículo 76 numeral 7 literal d) de la CRE, no es factible que la audiencia se realice por medios telemáticos. Por tanto, solicitamos que se establezca un nuevo día y hora para la realización de la audiencia, considerando el término del Estado de excepción vigente en el país. 

Las organizaciones que suscribimos exigimos al Estado ecuatoriano el respeto de los derechos constitucionales de las y los trabajadores de EXPLOCEN C.A. Esto es, que se ABSTENGA de restringir el derecho fundamental a la huelga de las y los trabajadores, por ello, exigimos que la POLICÍA NACIONAL abandone INMEDIATAMENTE las instalaciones de la empresa y que LIBEREN a la persona DIRIGENTE detenida, cumpliendo con su OBLIGACIÓN de respetar y garantizar el derecho de huelga.

Las organizaciones que conformamos la Alianza y otras organizaciones que suscribimos, tenemos información confirmada de que en la madrugada del domingo 20 de diciembre del 2020 un grupo nutrido de policías, ingresó a la comunidad de San Pedro de Yumate, provincia del Azuay, con el pretexto de detener a un presunto delincuente. Esto ocurrió mientras se estaba celebrando el Kapak Raymi y el agasajo navideño. Se señala que la comunidad de Yumate está en resistencia contra la minería y en defensa del agua y la vida.

La Alianza por los Derechos Humanos conformada por 18 organizaciones de derechos humanos, de los pueblos y de naturaleza expresa su preocupación por actos de hostigamiento y persecución en contra de Angelo Ayol, así como también por posibles actos de tortura en contra de Daniel S. y Mateo S., cometidos el 28 de noviembre del 2020, hechos que fueron denunciados en Fiscalía para su investigación.

Frente a la aprobación de proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana por parte de la  Asamblea Nacional del Ecuador el día 3 de diciembre de 2020, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador y adherentes manifestamos nuestra preocupación frente a las reformas que se ejecutaron a la Ley de Movilidad Humana y  exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional a considerar que toda resolución que implique la expulsión o deportación de personas en situación de movilidad humana debe garantizar los derechos r

Hoy se entregaron más de 14.000 firmas al Consejo de Judicatura de Orellana,  en apoyo a las víctimas del derrame de crudo, donde se exige justicia y reparación para las comunidades y la naturaleza. El listado de firmas incluye a ciudadanos no solo ecuatorianos, sino de otros países que están pendientes de una decisión dentro de este caso.

Las organizaciones que conformamos la Alianza demandamos del Estado ecuatoriano y de los órganos internacionales correspondientes, adoptar todas las medidas urgentes, en la esfera de su competencia en relación con el derrame de petróleo ocurrido el 27 de noviembre de 2020 y que fue denunciado por la Nacionalidad Waorani del Ecuador.

En virtud de que el numeral 1 de la notificación del 10 de diciembre de 2020 no está debidamente motivada y no es proporcional ni razonable, exigimos que DE FORMA INMEDIATA SE REVOQUE; y, por lo tanto, que resuelva DE FORMA INMEDIATA sobre la realización de la audiencia de forma telemática para la fecha convocada para el  14 de diciembre. 

En conmemoración por los 72 años de adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el día de los derechos humanos, adoptada luego las organizaciones que conformamos la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador queremos hacer un recuento de algunas de las vulneraciones de derechos humanos que se han producido durante la emergencia sanitaria y la pandemia mundial.

La justicia especializada para las mujeres víctimas de violencia de género es una garantía fundamental para su acceso a la justicia. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución las víctimas de violencia tienen derecho a una atención especializada y prioritaria.

El día 3 de diciembre de 2020 se nos ha comunicado que existió un cambio administrativo de fiscales especializados de género. Este cambio nos preocupa pues hemos identificado que varias de las personas anunciadas como nuevos fiscales de género tienen poco o ningún conocimiento, especialidad y/o sensibilización, lo cual no sólo incumple con los estándares de justicia especializada antes mencionados sino que generaría mayor tardanza en el trámite de las causas, mayor revictimización e incluso mayor impunidad.