Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

La CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, denuncia que el día de hoy 14 de junio de 2022, en horas de la madrugada (00:30 aproximadamente), agentes no identificados, presumiblemente de comandos élite de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional detuvieron a Segundo Leónidas Iza Salazar, Kichwa panzaleo y actual presidente de la CONAIE. La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima.

Activistas de las organizaciones ambientalistas Stand.earth y Amazon Watch hicieron un llamado de atención a los líderes mundiales frente al pedido de quienes dirigen la Cuenca Amazónica y demandan fin de la expansión de la extracción de petróleo en la Amazonía.

Los defensores construyeron un altar para denunciar las graves vulneraciones a los derechos, la contaminación, la corrupción, la deforestación y el despojo de tierras perpetradas por las industrias extractivas con el aval de los gobiernos en la región amazónica.

En la cooperativa Nueva Esperanza del sector Las Marìas en Monte Sinaí, se desarrolló nuevamente un desalojo forzoso en la mañana del 31 de mayo de 2022 mientras se estaba llevando a cabo una audiencia de Acción de Protección que la comunidad presentó contra la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares para detener las amenazas de desalojos.   La Secretaría no asistió a la audiencia y, en su lugar, lideró el desalojo.

La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador presentó el día de hoy una acción de protección con medidas cautelares a favor de los Pueblos en Aislamiento Voluntario (PIAV). La medida fue presentada contra el Estado ecuatoriano y la Empresa Pública PetroEcuador, debido a que, el Gobierno Nacional continúa con la explotación ilegal del Yasuní, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional y ofrecimientos de campaña de proteger a los PIAV y hacer la consulta de YASunidos.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador ha recibido denuncias de diversas comunidades, indígenas y campesinas de la provincia de Sucumbíos sobre la “convocatoria” por parte del Ministerio de Energía y Minas, a procesos de “socialización” en las áreas que comprenden la Ronda Intracampos II. Su constitucionalidad ha sido impugnada por varias organizaciones sociales, y aún se encuentra a la espera de trámite en la Corte Constitucional.

El 24 de noviembre del 2021, la Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección de YASunidos y declaró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) vulneró los derechos del colectivo al no revisar el informe elaborado por la auditoría del Consejo Nacional Electoral en el 2018. 

Una nueva especie de rana cohete descubierta en el Valle de Intag de Ecuador ha sido nombrada como “Rana Cohete Resistencia de Intag,” traducida al inglés  como “Intag resistance rocket frog”. La rana fue descubierta en un área del Valle de Intag que se encuentra amenazada por el proyecto minero Llurimagua. El nombre de la rana cohete fue elegido por un voto público en línea y revelado el  pasado 4 de mayo, durante la celebración de la Semana Internacional de los Anfibios. 

El 10 y el 25 de abril de 2022, alertamos sobre el uso de la fuerza y  la instrumentalización de la justicia para imponer decisiones inconsultas que afectan el medio ambiente y a varios derechos constitucionales de personas, comunidades y naturaleza, en el marco de la ampliación de la política petrolera (Decreto 95)  que se ejecuta sin controles previos. 

La noche del 29 de abril, el presidente Guillermo Lasso emitió desde Loja un sorpresivo estado de excepción de vigencia inmediata  en tres provincias, Guayas, Manabí y Esmeraldas. 

La declaratoria de excepción para “imponer la paz y el orden” dispone dos medidas discernibles: (1)  la movilización de policías y militares en las tres provincias y (2) el toque de queda en parroquias seleccionadas de Esmeraldas, Guayaquil y Durán.  Esto significa que las marchas públicas por el Día del Trabajo se realizarán hoy con tres provincias militarizadas.  

Este informe vincula la corrupción, las violaciones de los derechos, la contaminación y la deforestación en la Amazonía, financiada por el referido Grupo. Líderes indígenas, activistas ambientales y de derechos humanos piden a Citigroup que abandone el petróleo y el gas de la Amazonía, entre ellos de Ecuador. 

El pasado viernes, 22 de abril, activistas de Stand.earth y Amazon Watch desplegaron una pancarta de 75 pies desde el icónico Tower Bridge de Sacramento para exigir al gobernador de California, Gavin Newsom, que enfrente a las grandes petroleras y ponga fin al papel de California en la destrucción de la selva amazónica.

Aquí se pueden encontrar imágenes actualizadas.

 

El 10 de abril de 2022, alertamos del posible uso de la fuerza en un conflicto provocado por decisiones inconsultas de Petroecuador. En este caso, el almacenamiento de lodos tóxicos del campo Drago, ubicado en el corredor Sacha - Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos dentro del Bloque 57, al Oeste del campo Shushufindi, en medio de una comunidad; a lado de la escuela, nada menos.

La población de la Merced de Buenos Aires se declaró en resistencia en contra de la mal llamada minería “legal” que también ha producido graves afectaciones en sus vidas y en sus territorios por la imposición de actividades inconsultas, la criminalización, el uso de la fuerza pública en contra de la población, la fragmentación del tejido social.

La ampliación de la producción petrolera dispuesta por el Presidente Lasso mediante una política inconsulta, el Decreto 95 de 2021, se ejecuta sin los controles previos constitucionales: estudios de impactos ambientales que den cuenta de los riesgos conocidos a las poblaciones humanas y a las vertientes de agua que las sirven incluida la ciudad de Shushufindi, por tanto, sin el sustento técnico debido que pueda justificar la ampliación de actividades ni las consultas previas ambientales previstas en la Constitución. 

El 17 de febrero la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de “Ley Orgánica que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación” y lo remitió al Presidente de la República para su aprobación u objeción. El 16 de marzo, el Presidente Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional las objeciones al proyecto remitido, anunciando una supuesta Objeción “Parcial”.

El 17 de febrero la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de “Ley Orgánica que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación” y lo remitió al Presidente de la República para su aprobación u objeción. El 16 de marzo, el Presidente Guillermo Lasso, envió a la Asamblea Nacional las objeciones al proyecto remitido, anunciando una supuesta Objeción “Parcial”.


El miércoles 26 de enero la dirección zonal 8 del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica  (MAATE) rescató un perezoso de 2 uñas (Choloepus didactylus) que había permanecido en  cautiverio ilegal desde 2018 en un restaurante de la provincia del Napo. Los infractores presentaron un habeas corpus demandando la devolución del animal silvestre a ellos. 

El 22 de marzo, la presidenta de la UOCE, Nancy Bedón, recibió un “comunicado de desalojo” suscrito por Daniel López Villacrés, director de Planificación de la Alcaldía de Muisne, en el que se les da 24 horas para “desalojar” la finca. Este funcionario amenaza con denunciar a la UOCE  por un supuesto “delito de usurpación de terreno público” en caso de que la organización no salga.

Este 23 de marzo de 2022, en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron un nuevo reporte que evalúa 26 proyectos chinos que operan en 9 países de América Latina, demostrando que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.

 China has become a strategic actor for the financing and construction of large development projects in Latin America, generating a direct impact on the lives and rights of Latin Americans. This is worrying, even more so, knowing that 21 countries in the region have already joined the China’s Belt and Road Initiative (BRI)– a global infrastructure development strategy to invest in nearly 70 countries and international organizations.

China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, generando un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones. Esto preocupa, más aún sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.

La presencia de China en actividades extractivas y de infraestructura en América Latina se ha incrementado vertiginosamente durante la última década. El Banco de Desarrollo de China es hoy el principal prestamista internacional para varios países, y diversas compañías chinas están a cargo de los proyectos más grandes en Latinoamérica.

En Ecuador, históricamente se ha utilizado al derecho penal, y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para acallar protestas sociales y ambientales acontecidas en contextos de ejecución de megaproyectos y proyectos extractivos -en violación sistemática de los derechos a la consulta libre previa e informada, consulta ambiental y la defensa de  territorios y de la naturaleza- en contextos de ejercicio de justicia indígena;  en contextos de defensa de los territorios comunitarios; y, en general, en contextos de resistencia frente a decisiones lesivas de derechos como pudimos

El presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la Ley orgánica para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, proponiendo 61 reformas (de 63 artículos), e incluso cambios al mismo título de la Ley.

Los días 29 y 30 de noviembre del 2021, a un año siete meses de ocurrido el derrame, se realizó un nuevo recorrido, esta vez por 3 comunidades Kichwa ubicadas en la ribera del río Coca. Estas comunidades son San José del Coca, San Pablo y Toyuca, en donde según los testimonios de los dirigentes aún existían evidencias de contaminación, principalmente la muerte de la vegetación de la orilla del río.


Como  Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador rechazamos la  actuación de la Fiscalía de Gualaquiza de dilatar diligencias y obstaculizar peritajes esenciales que garantizan una idónea defensa de Johnny Q., testigo clave de la muerte de Fredi Taish, defensor indígena shuar, ocurrida el 7 de noviembre de 2013 durante un supuesto operativo de control minero por parte de ARCOM y las Fuerzas Armadas. El estado ecuatoriano, ha vinculado al proceso a Johnny Q como autor directo del delito de terrorismo con resultado de muerte.

Este 9 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional tiene la oportunidad histórica de  posicionarse en favor de las luchas sociales y decretar la amnistía a más de 270 hombres y mujeres, muchas de ellas adultas mayores que han sido criminalizadas por defender los derechos que tenemos quienes habitamos en el Ecuador