Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

En el Período Ordinario de Sesiones 179 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Pueblos Indígenas amazónicos transfronterizos, junto con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, dieron a conocer a las Comisionadas y Relatoras la grave situación que atraviesan a causa de las omisiones cometidas por los Estados Colombiano, Ecuatoriano y Peruano en el cumplimiento de sus obligaciones y por no generar acciones coordinadas y afirmativas que garantice su pervivencia cultural

Jueces negaron la causa a miles de indígenas kichwas amazónicos, se cubrieron los ojos frente a las vulneraciones en cuerpos de niñas, niños, adultos, en animales, vegetación y en el territorio.
 

Como defensoras y defensores de derechos humanos, rechazamos los actos de acoso e intimidación de la fuerza policial que el martes, 23 de marzo de 2021, fueron víctimas las y los participantes del plantón pacífico, organizado por la “Primera caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida en el Ecuador”, en los exteriores de la Fiscalía “La Merced”, en Guayaquil.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos instamos a la Fiscalía que de manera urgente, garantizando los principios de debida diligencia, realice todas las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, tomando en cuenta que la persona asesinada  fue un defensor de derechos humanos y de la naturaleza, y demandamos al Estado garantizar un entorno seguro para la labor de defensores y defensoras

En el Consejo de la Judicatura, fueron recibidos por Fabricio Peña y Galo Larco, dos funcionarios de dicha institución, quienes se comprometieron a entregar una respuesta hasta el día lunes, 8 de marzo. Peña señaló ser asesor de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y Larco refirió su cargo como asesor del representante legal del Consejo de la Judicatura. Hasta el momento, las comunidades no han recibido respuesta, pese a las llamadas, insistencias y ofrecimientos.

Adjuntamos el documento entregado el día 05 de marzo de 2021 a la Corte Constitucional del Ecuador

Esta mañana, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional, en Quito, para reclamar por más de diez meses sin justicia, reparación integral ni garantías futuras por parte del Estado, las operadoras de justicia y las agencias de control, desde el derrame de 15,800 barriles de crudo y combustible, en los ríos Coca y Napo.

Petición al Consejo de la Judicatura de Orellana de un pronunciamiento sobre sentencia  y consideraciones  que se deben tomar en cuanta en la sentencia por el derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de Abril en la Amazonía Ecuatoriana.

Las organizaciones que conformamos la Alianza por los Derechos Humanos enviamos una carta al presidente de la Asamblea Nacional solicitando que esté a la altura del momento histórico que vive el país y, en ejercicio de la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional, que disponga la comparecencia urgente e inmediata de las siguientes autoridades para ser recibidos en Comisión General en el Pleno de la Asamblea Nacional con el fin que puedan rendir cuentas al país respecto a los lamentables hechos sucedidos el día 23 de febrero de 2021 y de las medidas implementadas para prevenirlas.

Las organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos queremos expresar nuestra preocupación por la Carta Pública del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, dirigida  a “Pacto Global Red-Ecuador, donde denuncia la inclusión de la empresa Solaris Resources Inc, como aliado estratégico para aportar al desarrollo sostenible del Ecuador y en la misión de potenciar acciones colectivas para el avance de la Agenda 2030. 

Denunciamos masacre de decenas de personas privadas de libertad y bajo custodia estatal en los Centros de Privación de Libertad de Ecuador

Solicitud de acción urgente frente a irregularidades en el proceso electoral en Ecuador que afectan los procesos de participación y democracia

Las víctimas y familiares que conformamos el Comité Nacional de Víctimas, la Alianza de Derechos Humanos, las defensoras y defensores de derechos humanos expresamos una profunda preocupación ante la falta de garantías del Estado ecuatoriano para el acceso a la justicia de las víctimas bajo principios de igualdad y no discriminación, incumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales.

El Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario será conocido en segundo debate sin la debida consulta prelegislativa

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, ante la coyuntura electoral, demandamos al Consejo Nacional Electoral transparencia e inmediatez en el conteo de votos, garantías para todos los veedores electorales y quienes están a pie de urnas verificando los sistemas de conteo, que definirá los candidatos que pasarán a la segunda vuelta, así como absoluto respeto a la voluntad popular. 

Las "aclaraciones" realizadas por  Ministro de Defensa de Ecuador al Grupo Parlamentario Fronterizo de la Asamblea Nacional son aun más cuestionables que las que ya fueron denunciadas por esta Alianza. Las interpretaciones personales y a conveniencia de un funcionario son inaceptables en un estado de derechos, más aún si con ellas se pretende justificar  y perpetuar violaciones a derechos humanos y si el funcionario tiene competencias en las fuerzas armadas

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denuncia otra demolición de un campamento en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Este nuevo incidente violento contradice una medida cautelar dispuesta por un juez, precisamente, para evitar más desalojos.

 

Ecuador inicia un nuevo ciclo político-electoral para la definición de los próximos gobernantes y asambleístas quienes, desde la función ejecutiva y legislativa, tendrán la responsabilidad primordial de velar por el bienestar de las y los ecuatorianos y de todos quienes residen en el territorio nacional; cumpliendo a cabalidad con el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza.

La Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador hace pública la “Declaración en Defensa de los Derechos Humanos de las ecuatorianas y ecuatorianos, de los pueblos, nacionalidades y de la naturaleza”, en la que se incluyen las diez tesis que fundamentan el trabajo de las 18 organizaciones del colectivo y que establecen los estándares que serán demandados en la gestión del gobierno entrante y las autoridades a la Asamblea Nacional. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador Pastaza (CONCONAWEP), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador celebramos la decisión de los tres bancos europeos, el Grupo BNP Paribas, Credit Suisse y el Grupo ING, de

La Procuraduría General del Ecuador infundadamente pretenda que la  Corte Provincial de Orellana no analice el fondo de la acción por el #SOSDerrameAmazonía, en abierta contradicción a lo que ya ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador, que es obligación de todos los jueces constitucionales analizar la vulneración de derechos.

Corte de Sucumbíos sentencia a favor de las niñas de la amazonía y ordena que se apaguen los mecheros

 El actual Ministro de Defensa,  Oswaldo Jarrín, realizó una serie de afirmaciones injuriosas que constituyen graves acusaciones en contra de los sistemas propios de guardianía y el ejercicio de derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

La comunidad denuncia que las más de dos mil hectáreas que irían a ser desalojadas por disposición judicial son territorio ancestral y  que tienen títulos de propiedad colectiva conseguidos en los años 1983-1984.

Entrega de Evidencia y Solicitud de Sentencia Acción de Protección Derrame  en la Amazonía

Las organizaciones que conformamos la Alianza hemos conocido hechos que se encuentran sucediendo en la comunidad San Luis Yantsas, perteneciente a la Asociación Shuar de Bomboiza, con relación al incumplimiento por parte de la empresa minera PROYECTMIN de la suspensión de actividades de exploración minera en todo el territorio de la Asociación Shuar de Bomboiza y de la ejecución de acciones que dividen y producen enfrentamientos entre miembros de la comunidad, por parte de la misma empresa.

Empleados del consorcio de las empresas mineras Codelco-Emasec-Enami  resguardados por policías, intentaron acceder a la comunidad de Barcelona en la quebrada San Rafael, Parroquia Peñaherrera-Intag, cantón Cotacachi, a pesar de que en previas ocasiones, de que esta comunidad como la de Cerro Pelado que se encuentra en el camino se declararon en resistencia rechazando la presencia de empresas mineras y de la  fuerza pública que respalda a las mismas y de que existe vigente una resolución judicial de suspensión de actividades mineras.

En octubre de 2020, la empresa Furukawa pidió la revocatoria de las medidas cautelares dictadas a favor de 123 trabajadores y extrabajadores accionantes, sin embargo, esta petición fue ratificada el 30 de diciembre por la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Asimismo,  el 06 de enero, a las 08h30, se reanuda la audiencia, que busca se determine la vulneración de derechos humanos provocada por décadas de esclavitud moderna a la que han sido sometidos.

En el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) ubicada en las provincias de Orellana y Pastaza, se han registrado durante el 2020: contagios significativamente altos del virus SARS-COV2 en la nacionalidad Waorani quienes son pueblos indígenas en contacto inicial, actividades ilegales de extracción de balsa y maderas finas, derrames de crudo y alertas de posibles encuentros o ingreso no autorizado de terceros, que ponen en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).