Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Sobre las 17h00, del  28 de enero de 2022,  se registró una nueva rotura del oleoducto de crudos pesados, a cargo de la empresa privada OCP Ecuador S.A., entre cuyos socios figuran las empresas chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco y la norteamericana Occidental Petroleum.

Una alianza entre el gobierno, las empresas, sus abogados y la iniciativa de "transparencia" EITI convoca otro encuentro anual de energía y petróleo en Quito. Como es costumbre, es avalado por el mismo Estado ecuatoriano, y se reúnen a espaldas de las comunidades afectadas por actividades petroleras, sin contar con su consentimiento previo e informado. Este patrón de desdén por las y los afectados se ha mantenido por décadas. 

 

Desde las Organizaciones que conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, denunciamos y rechazamos una serie de irregularidades en las que la empresa petrolera Gran Tierra Energy está incurriendo en su intención de conseguir la licencia ambiental para la exploración y explotación del bloque 51 Chanangue.

Exigimos la presencia del Estado ecuatoriano, específicamente del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y del Ministerio de Energía, para que tome las medidas  administrativas legales que correspondan.

Denunciamos públicamente que el día de hoy, 19 de enero de 2022, en horas de la mañana,  Patricia Tates y Luis Tates, defensores de derechos humanos y comuneros de la parroquia La Merced de Buenos Aires, población en resistencia a actividades mineras ilegales e irregulares en su territorio, fueron aprehendidos arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional. Ellos intentaron  impedir la salida de material aurífero ilegal mientras exigían la regulación y control de las actividades mineras.

Las organizaciones que integramos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación y alerta frente a la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos que se desarrollará hoy, martes 18 de enero de 2022, contra Johnny Q., quien es un testigo clave de la ejecución extrajudicial de Fredi Taish.

A través del uso indebido, excesivo e injusto de una acción de protección por parte de la empresa Hidrotambo S.A, decidida en primera instancia sin citación ni notificación a las 140 comunidades afectadas ubicadas en los cantones Chillanes y San Miguel de la provincia de Bolívar, se pretende continuar con el incumplimiento del Recurso Extraordinario de Revisión que, desde el 2019, reconoce y corrige las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San José del Tambo y el uso desmedido del agua del río Dulcepamba.

La Corte Constitucional es el máximo órgano de  control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Y en esa misma línea, la Constitución y la Ley establecen requisitos mínimos sobre la experiencia necesaria que deben acreditar las personas postulantes para desempeñar dichas funciones, así como requisitos relacionados con la integridad e independencia.    

Quito, 23 de diciembre de 2021.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador y Amazon Frontlines, presentaron el día de ayer ante la Corte Constitucional del Ecuador, una demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo N° 151, emitido por el presidente Guillermo Lasso el 5 de agosto de 2021, y que pretende abrir nuevas concesiones mineras y agilitar trámites ambientales que permitan captar mayor inversión en ese se

La Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia histórica con repercusión positiva en  los bosques protectores, el agua, el ambiente sano, la naturaleza y las comunidades en el Ecuador. La sentencia deja sin efecto el registro ambiental y los permisos de agua de las concesiones mineras Río Magdalena 01 y 02 sobre el Bosque Protector Los Cedros, en el cantón Cotacachi, Imbabura.

Durante el 2021, desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos continuamos en  nuestra labor de alertar, registrar y denunciar violaciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, acompañando a quienes han sido objeto de esas vulneraciones en búsqueda de justicia y reparación integral.

América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19.

En 29 de noviembre del 2021, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), conoció el “Proyecto de Ley Orgánica para la armonización de la Protección de la Vida Humana desde la Concepción con la Despenalización del Aborto Consentido en casos de violación”, elaborado y presentado por el asambleista Ricardo Vanegas (Pachakutik). Las asambleístas Natalie Arias (Creo) y  Guadalupe Llori (Pachakutik) apoyaron este proyecto inconstitucional. Johana Moreira y Yesenia Guamaní (Izquierda Democrática) y Ronny Alega (UNES), votaron en contra.

Entre el 29 y 30 de noviembre, una comisión compuesta por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Acción Ecológica, Amazon Frontlines y el dirigente de territorio de la Federación de Comunas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana - FCUNAE, realizamos un recorrido por las orillas del río Coca, en las comunidades de San José del Coca, San Pablo y Toyuca, donde pudimos constatar la tragedia socio-ambiental que aún se vive en el territorio, persistente desde el previsible derrame de crudo ocurrido el 07 de abril de 2020, el cual fue causado por la neglig

Hoy, martes 30 de noviembre, en el Consejo de la Judicatura de Imbabura, comuneros y comuneras afectadxs por el proyecto minero Llurimagua y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en coordinación con la Iniciativa “Intag Santuario de Vida”, presentaron una Acción de Protección contra el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y Recursos Renovables vulneraciones a derechos constitucionales y el PELIGRO INMINENTE en el que se encuentra Intag ante la posible explotación de cobre en Llurimagua. 

Seis años más tarde, este jueves, 25 de noviembre, la Corte Constitucional (CCE) realizó la audiencia pública de la acción extraordinaria de protección No. 1325-15-EP, relacionada a la falta de consulta previa del ex Ministerio de Ambiente a los centros Shuar afectados por el megaproyecto minero a cielo abierto Panantza-San Carlos, ubicado  en el sur del país, en la provincia de Morona Santiago. 

Advertimos al Gobierno Ecuatoriano a través del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables que es inválido el Acuerdo de Cesión y Transferencia del Contrato de explotación de los bloques 16 y 67 de Repsol Ecuador S.A., pues vulnera el derecho al Consentimiento y Consulta Previa, Libre e Informada del pueblo Waorani y su realización no exime a ninguna compañía de la responsabilidad sobre los pasivos socio -ambientales que tiene la petrolera con esta nacionalidad. 

La  Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el Colectivo Caminantes y las organizaciones que suscriben la presente denuncia pública nos sumamos a  las últimas denuncias manifiestas por el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), sobre la persecución, intimidación y señalamiento contra el compañero Tarquino Cajamarca, abogado defensor de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Él, en conjunto con el Consejo de Gobierno del PSHA, ha llevado a cabo una defensa  del territorio ancestral indígena contra actividades mineras.

El 26 de octubre se desarrolló el primer día de Movilizaciones, convocado por el Movimiento Indígena de Ecuador y otros sectores sociales. En ese contexto, fueron detenidas varias personas en algunas provincias del país. En Cayambe, cuatro personas fueron detenidas y trasladadas arbitrariamente a Quito.  

En la noche del 12 de noviembre, periodistas independientes comenzaron a alertar de una nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral. Posteriormente  las propias personas privadas de libertad  advertían en mensajes de whatsapp sobre los horrores que escuchaban y padecían. Sin embargo, por declaraciones públicas de la Comandante de la Policía Tannya Varela, recién ingresó la policía a las dos de la madrugada. Hasta el momento se conoce de al menos 68 personas asesinadas y 25 personas heridas.

Rechazamos la instrumentalización del conflicto, generado por el propio Estado, para obstaculizar la labor de personas defensoras de derechos y el ejercicio del derecho a la defensa de las comunidades, a través de la estigmatización y criminalización de personas defensoras y sus abogados y abogadas patrocinadores.  Estamos vigilantes de la situación de la Ab.

Días atrás, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador recibió una alerta pública sobre un colaborador denunciado como agresor de mujeres. Con esa información, iniciamos un proceso interno sobre respuestas efectivas a estas denuncias y, sobre todo, construir entornos seguros para las mujeres defensoras de derechos humanos, temas fundamentales que tocan directamente al quehacer interno de nuestras organizaciones. Ese proceso apenas ha comenzado y nos enfrenta a significativos retos. 

El día 28 de octubre de 2021,  uno de los columnistas de El Expreso, Roberto Aguilar, publicó un editorial en el que deslegitima y descalifica la labor de defensa de derechos humanos y derechos colectivos que realiza la Fundación INREDH y otras personas y organizaciones de Derechos Humanos.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, alertamos sobre los riesgos contra la integridad física y psicológica de los cuatro detenidos de quienes se desconoce su paradero, además de la ilegalidad de su detención, al ser privados de su derecho a ser asistidos por sus abogadxs y al privar a sus familiares de información precisa sobre su situación.

Integrantes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, coalición de quince organizaciones de derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza; comparecemos en calidad de amicus curiae dentro de la Causa No. 6-21-EE y solicitamos se tome en cuenta nuestro criterio para el control de constitucionalidad del estado de excepción decretado por el ejecutivo el 18 de octubre de 2021

Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador denunciamos el nuevo intento del Estado de Ecuador de OBSTACULIZAR el ejercicio del derecho de movilización, resistencia y de protesta social que ha sido anunciado públicamente por la CONAIE y varias organizaciones de la sociedad civil ante las políticas y medidas estatales lesivas y regresivas en materias socioeconómicas y ambientales adoptadas por el gobierno nacional,  que afectando los derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos, convocadas para el día martes 26 de octubre de 2021. 

Esta mañana, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito, para exigir que se fije una fecha de audiencia en esta instancia, una vez que la Acción Extraordinaria de Protección presentada por las comunas fue seleccionada como una causa de tratamiento prioritario, y para ser sustanciada obviando el orden cronológico debido a la afectación de derechos de múltiples personas y comunidades, así como de la naturaleza y; así como un dictamen que les de justicia y reparación.

Pueblos indígenas presentan ante la Corte Constitucional una demanda en contra del presidente de Ecuador por la emisión de los decretos que pretenden expandir la frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana

 

Tras un proceso judicial que inició hace 28 años; después de la primera sentencia favorable hace 10 años; y luego de más de años 50 de los crímenes ambientales cometidos en el marco de las operaciones de la empresa Chevron-Texaco en la Amazonía Ecuatoriana, el 15 y 16 de septiembre del presente año,  la fiscal General del Estado, Diana Salazar, por pedido del procurador General, Íñigo Salvador, decidió que se inicie una nueva investigación  por  cohecho contra indígenas Siekopai, Kichwas y mestizos, quienes firmaron y ganaron la demanda por contaminación ambiental en contra de la 

Solicitamos a los jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, reciban el día 20 de octubre a las 11H00, a una delegación de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana - FCUNAE , quienes se desplazaran desde sus territorios a la ciudad de Quito, a fin de explicar más en detalle la situación y las graves implicaciones que la falta de avance en la sustanciación y resolución de la causa implica para sus derechos y su vida.