Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Los pobladores de las comunidades Minas Viejas, Las Ceibas, Durango, San Francisco de Bogotá, Santa Rita, cantón San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, denuncian que sus ríos están siendo contaminados por las actividades mineras, que se han intensificado durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en contexto de ciudad están en un alto nivel de vulnerabilidad. Se encuentran distantes de sus territorios de origen con las consecuencias que ello supone para su pervivencia cultural. 

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Ante la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, hacemos un llamado de atención especial sobre la situación de las provincias fronterizas, donde los índices de pobreza y la falta de infraestructura sanitaria ponen en grave riesgo a la población. Esta situación prevalece también en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

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Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos este pronunciamiento demandamos del Estado ecuatoriano que, en el manejo de la actual emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, responda con todas sus capacidades institucionales y normativa vigente, incluidos los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de rango constitucional, en referencia al tratamiento de los cuerpos de las personas fallecidas en varias ciudades del país, en particular, la provincia del Guayas.

Las organizaciones que suscribimos esta alerta denunciamos que los procedimientos que se están utilizando para el retorno de las personas y el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio no es adecuado para evitar la propagación del COVID-19, y pone en riesgo el ejercicio de algunos derechos.  

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Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid -19, la  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribimos la presente Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanita

Las organizaciones que conformamos esta Alianza manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, especialmente del derecho a la salud, durante la emergencia suscitada por el covid-19.

Las violaciones de derechos humanos verificadas por la CIDH también fueron constatadas por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. A su vez, parte de las recomendaciones hechas por el mismo organismo de Derechos Humanos coinciden con las exigencias que hemos realizado al gobierno nacional.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la denuncia de reducción del presupuesto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Frente a este hecho, consideramos necesario hacer un recuento de  la situación de discriminación y el uso de la violencia contra las mujeres durante el paro nacional, para recordarle al Estado la urgencia de priorizar la atención de esta problemática y de garantizar la verdad, la justicia y la reparación.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información sobre allanamientos realizados en horas de la madrugada en localidades cercanas a Quito, durante el feriado de inicios de noviembre. En estos procedimientos, se habría cometido varias irregularidades. 

Denunciamos ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos  el uso indebido del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social en Ecuador.

El sábado 12 de octubre de 2019 fueron detenidos 6 adolescentes dentro de la Contraloría General del Estado, de ellos cuatro tienen 17 años, uno 16 años y uno tan solo 14 años.  

El 10 de octubre de 2019 la organización IDEA DIGNIDAD logró presentar una demanda de medidas cautelares urgentes de acuerdo con la Constitución. Esta fue recibida en la Unidad Judicial de Garantías penales con competencia en Infracciones Flagrantes con sede en la Parroquia de la Mariscal del Cantón Quito, a las 19h37.

Concretamente se solicitó:

1. Se dicte una medida cautelar que ordene a las autoridades señaladas cumplir estrictamente con lo dispuesto por los dos dictámenes de la Corte Constitucional señalados anteriormente y, en consecuencia, suspender el uso ilegal, arbitrario y/o desproporcionado de la fuerza en contra de población civil.

2. Se dicte una medida cautelar que disponga expresamente que la policía nacional y las fuerzas armadas cesen y se abstengan de utilizar la fuerza en contra de “zonas humanitarias de paz”, en todo momento, de ser necesario marcar un territorio en que no porten armas de fuego ni gas.

Medida cautelar presentada el día jueves 10 no ha sido atendida por función judicial. 

Solicitamos se dicten medidas para precautelar la integridad de las personas manifestantes y demás civiles.