Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.
Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador
El 28 de septiembre de 2021, en el marco del 48º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se llevó a cabo un primer encuentro virtual sobre “Criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, en el contexto de las industrias extractivas”, con participación de diversas organizaciones provenientes de América Latina, específicamente de México, Honduras, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Perú, y las Relatorías sobre la situación de personas defensoras
La Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos en Ecuador. Como tal, es parte de la red internacional de instituciones de derechos humanos. Su mandato es proteger los derechos de las personas en Ecuador, ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior y la naturaleza.
La mañana de hoy, en los exteriores del Complejo Judicial Norte se una demanda de medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por la inminente vulneración de los derechos de los pueblos en aislamiento y de la naturaleza. Ver: Demanda y monitoreo del avance de la infraestructura.
El presente informe realiza un monitoreo de del avance en la construcción de la vía en el Bloque 43 – ITT, para lo cual se utilizó informes realizados por el Proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), adicionalmente se emplearon imágenes del satélite “Sentinel 2-A” de la Agencia Especial Europea (ESA) e imágenes de satélite “Planet” de la Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI)El presente informe realiza un monitoreo de del avance en la construcción de la vía en el Bloque 43 – ITT, para lo cual se utilizó informes realizados
Documento de medidas cautelares presentado el jueves, 23 de septiembre de 2020.
El día de hoy, diferentes organizaciones entregamos a la Asamblea Nacional la solicitud de amnistía para los defensores de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza que han sido criminalizados en un contexto de incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos que protegen a los y las defensoras, en donde se exige al estado
En la actual coyuntura, desde las organizaciones que conformamos la Alianza de DDHH, exigimos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un proceso transparente de selección, tanto para la persona encargada de manera temporal, como de su titular definitivo. El proceso debe garantizar el principio de “participación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos” previsto en los Principios de París que rigen a todas las INDH en el marco de Naciones Unidas.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, integrante de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, ha alertado en las últimas semanas sobre la ejecución de prácticas de desalojo que no siguen los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo,ha recibido testimonios sobre posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas que se oponen a la demolición de sus hogares.
The Alliance of Organizations for Human Rights and the Caminantes anti-mining Collective, we are deeply concerned about recent events reported by the Governing Council of the Shuar Arutam People (PSHA) and the "Collective of Organized Women of the Shuar Center of Maikiuants" (organization linked to the PSHA), associated with the start of infrastructure works and mining facilities at the Warintza Project.
Desde la sociedad civil se ha hecho esta propuesta ciudadana para normar la minería metálica.Varias organizaciones de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, suscriben la propuesta que insiste en el respeto y garantía de derechos constitucionales.
Desde octubre de 2020, una serie de exámenes aplicados a maestros del Ecuador ha hecho que el 90% de los maestros de la nacionalidad amazónica Waorani no puedan seguir dando clases. La decisión desconoce las particularidades culturales del pueblo indígena de reciente contacto.
Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador estamos atentos y atentas a lo que suceda con la Defensoría del Pueblo. Reclamamos que se nos garantice que la nueva persona a cargo de la DPE personifique la magistratura ética que el cargo requiere, lo que incluye el compromiso de erradicar la violencia basada en género y la demostración de una actitud coherente en la vida pública y personal privada.
Estrella es una mujer trans quien ganó una acción de protección el 25 de septiembre de 2009. Esta acción fue interpuesta para que se garantice su derecho a la identidad y su dignidad humana, mediante el reconocimiento de su derecho al cambio de nombre en el Registro Civil y el acceso a todos los procedimientos en salud para la consolidación de su identidad sexual. A pesar de que Estrella cuenta con una sentencia a su favor, esta sigue sin ejecutarse integralmente.
El día de hoy jueves 5 de agosto de 2021 se ejecutó un operativo entre la Policía Nacional y el Municipio de Guayaquil en los sectores de la bahía con el fin de “Recuperar los espacios públicos de la Ciudad de Guayaquil”. Lo que terminó con el desalojo de varias trabajadoras y trabajadores autónomos.
En la madrugada del 3 de agosto llegaron cerca de las 4 de la mañana a la comunidad de Buenos Aires más de 7 buses y decenas de patrullas y camionetas con más de 500 policías, mientras, aparentemente, un grupo de militares se habría dirigido directamente a la zona de la concesión minera de la empresa australiana Hanrine.
Como organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, el 29 de julio de 2021, enviamos a la Ministra de Gobierno Alexandra Vela, así como al Gobernador de Imbabura, Marcelo Simbaña, una carta pública en la que rechazamos rotundamente la violencia sistemática desplegada por la compañía minera Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A. contra la población de La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí.
Siete defensores del territorio de la comuna de Barranquilla de San Javier, ubicada en el cantón de San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, enfrentan una demanda millonaria interpuesta por la empresa palmicultora Energy & Palma S.A. del grupo empresarial La Fabril.
La Corte Constitucional ecuatoriana ha admitido a trámite dos causas relacionadas con el peor derrame de petróleo de la década ocurrido el 7 de abril de 2020, cuando 15.800 barriles de hidrocarburos contaminaron los ríos Coca y Napo afectando gravemente a la naturaleza y a aproximadamente 27 mil personas y 105 comunidades quienes han visto vulnerados sus derechos a la vida digna, al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, a la integridad territorial de los pueblos y nacionalidades.
Como han venido documentando y denunciando públicamente las comunidades afectadas, las organizaciones acompañantes y la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador desde el pasado 12 de junio, las fuertes lluvias en la provincia de Sucumbíos y en la región de la Amazonía, han generado varios desbordamientos de ríos y han causado una emergencia humanitaria: inundación de viviendas, pérdida de cultivos y especies menores; afectaciones a la infraestructura comunitaria, cortes de energía y agua potable; infecciones cutáneas, gástricas y respiratorias, sumadas a la proliferación de vectores
La Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana- F.C.U.N.A.E, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana- CONFENIAE, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denuncian que las comunidades ribereñas del río Coca siguen en riesgos sin que las autoridades de control emprendan acciones efectivas ni para prevenirlos ni para informar ni alertar y, menos, atender a las comunidades afectadas.
Hoy, 8 de julio de 2021, las organizaciones internacionales Stand.earth y Amazon Watch hicieron público un informe que revela que 14 bancos de renombre mundial están vinculados a escándalos de corrupción, a violaciones de derechos humanos y a graves daños ambientales.
Los bancos que financian la industria petrolera están muy expuestos al riesgo de alimentar actos de corrupción, vulnerar derechos humanos y generar daños ambientales, pese a que sus compromisos adquiridos sostienen lo contrario. Organizaciones indígenas y de la sociedad civil que promueven la protección de la selva tropical y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas piden que se ponga fin al nuevo financiamiento al 2022, y el financiamiento en curso hasta 2025.
Como Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos nos solidarizamos con Sybel Martínez y Marianela Maldonado, demandamos que el Estado intervenga para evitar que se produzcan amenazas contra ellas así como en contra de cualquier otra persona que forma parte de la Alianza por la Niñez y Adolescencia Ecuador o quienes hubieran respaldado la denuncia realizada y para prevenir actos de intimidación, u hostigamiento en contra de mujeres defensoras de derechos.
Como Alianza de Organizaciones por los derechos humanos denunciamos un nuevo abuso del derecho penal para criminalizar defensores de derechos, incluido un miembro de nuestra Alianza. La empresa estatal Petroecuador ha iniciado un proceso penal contra el dirigente Wilson Geovanni Quindigua Salazar y su asesor jurídico Luis Xavier Solís Tenesaca, en el marco de la protesta sostenida por la comuna kichwa El Edén contra la petrolera. Pese a que la denuncia está presentada desde el 13 de mayo, recién el 22 de junio fue notificado uno de los denunciados.
Como es de conocimiento público, las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza de la parroquia de la Merced de Buenos Aires, Urcuquí, provincia de Imbabura, han mantenido un proceso de resistencia y vigilia permanente por más de 60 días en contra de actividades mineras ilegales e ilegítimas, y la invasión de las dos vías principales de acceso a la población por parte de la empresa minera de capital australiano Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining, titular de las concesiones mineras, cuyos Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo y Planes de Acción son
El 23 de junio del presente año, el Juez Óscar Alfredo Coba Vayas de la Unidad Judicial Multicompetente de Cotacachi negó sin ni siquiera convocar a audiencia las Medidas Cautelares solicitadas por la Bióloga Andrea Terán a favor de la Naturaleza en el valle de Intag.
Desde el 12 de junio de 2021, se vienen registrando fuertes lluvias en la provincia de Sucumbíos, región de la Amazonía ecuatoriana, mismas que han provocado el desbordamiento de los ríos Putumayo y San Miguel, generando afectaciones en al menos 15 comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus orillas, además de a la ciudad de Puerto El Carmen, cabecera cantonal de Putumayo. La Emergencia humanitaria ha sido alertada prontamente por las comunidades y organizaciones acompañantes, sin que el Estado haya adoptado medidas concretas y eficientes para atender las neces