Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Este 16 de mayo, A UN DÍA de la audiencia en el juicio propuesto por los afectados por el derrame del petróleo del pasado 7 de abril, el juez del proceso,  Jaime Oña Mayorga, aplaza la diligencia para el 25 de mayo de 2020, día decretado como feriado a nivel nacional. El diferimiento de la audiencia es pedido del Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, quien alega “imposibilidad de acceder al expediente” en la emergencia sanitaria. 

En seguimiento a la Alerta 35, reiteramos nuestra preocupación ante el incremento de casos confirmados como positivos en la comunidad de Miwaguno y la ausencia de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) para dar atención en las comunidades de Conipare y Gareno, en la provincia de Napo; y  Toñampare, en la provincia de Pastaza.

Desde el 30 de abril de 2020, familiares de  personas privadas de libertad (ppl) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Riobamba han denunciado la existencia de posibles contagios en este CRS.   Las familias de las personas privadas de libertad se mantienen en alerta por esta situación, pues denuncian que el SNAI y el CRS Riobamba no entregan información al respecto. 

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta expresamos nuestra preocupación debido a la confirmación de un caso Covid-19 de una mujer waorani, de aproximadamente 21 años, que vive en la comunidad de Miwaguno, provincia de Orellana. Comunidad en la que el día de hoy ingresó un grupo del Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar acciones de verificación.

El próximo lunes, ​18 de mayo, a las 09h00​, se llevará a cabo la ​Audiencia dentro de la Acción de Protección y Medidas Cautelares presentada a favor de las y los afectados por el derrame de petróleo ocasionado por la ruptura de tres oleoductos​.

Esta mañana se realizó el plantón pacífico con distanciamiento y medidas de protección pertinentes durante la emergencia sanitaria. La Policía Nacional reprimió a los manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos, y detuvo arbitrariamente incluso a un integrante del Comité Permanente por Defensa de los Derechos Humanos que se encontraba monitoreando la manifestación pacífica.

Esta Alianza expresa la profunda preocupación por la situación de salud de las comunidades afectadas por el derrame petrolero. Requerimos al Ministerio de Salud Pública (MSP) que, de manera coordinada con la dirigencia de la FCUNAE y con esta Alianza, se ejecuten acciones de intervención  y respuesta en la zona.

Las organizaciones que integramos la Alianza por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación y alertamos al Gobierno Nacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza, ejercido por miembros pertenecientes a la Policía Nacional y al Ejército, en el Recinto Limón, del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. 

Grupo de adultos mayores con cáncer de próstata denuncia que no ha podido acceder a la medicación que les permita continuar con su tratamiento oncológico. Esta exhorta al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, al Ministerio de Salud y a las demás autoridades competentes a asegurar que este grupo de pacientes puedan acceder de manera oportuna y segura a sus medicamentos, con el fin de que puedan continuar con su tratamiento médico y no pongan en peligro su vida.

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En la comunidad Chontaduro del sector Hojas Blancas de la Nacionalidad Chachi, en la provincia de Esmeraldas, este 30 de abril, se reportó el fallecimiento de dos personas, entre ellas un adulto mayor con sintomatología asociada al Covid-19. Sumada a esta situación, las comunidades chachis se enfrentan a tratos denigrantes y discriminatorios.

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El juez Jaime Oña Mayorga previo a calificar la presente acción de protección por el derrame de crudo dispuso la entrega de los contactos telefónicos -de ser posible números celulares-, correos electrónicos y las direcciones de las Delegaciones provinciales en la ciudad de Francisco de Orellana de las instituciones públicas demandadas.

Organizaciones sociales, docentes, activistas, investigadores y defensores de derechos humanos rechazamos reducción presupuestaria y exigimos garantizar el derecho a la educación en los términos establecidos en la Constitución y estándares internacionales de derechos humanos.

Las Organizaciones que formamos parte de la Alianza por los Derechos Humanos y otros colectivos que defendemos la educación pública, alertamos que el Estado ecuatoriano está incumpliendo con su mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación y está vulnerando el derecho al trabajo y a una remuneración digna del personal docente y administrativo.

Diversas fuentes locales han confirmado que, durante el periodo de cuarentena, se han desplegado nuevos focos de actividad maderera en la zona colindante a la ZITT e incluso, probablemente, dentro de ella,  sin que la institucionalidad concernida haya tomado medidas.

Son aproximadamente 480 habitantes que no vender sus artesanías y el cacao, ni continuar con las labores de su radio comunitaria. Además, el vicepresidente de la Nacionalidad, Salvador Chirimia, denuncia que la población carece de atención médica e insumos sanitarios para la  protección contra el Covid-19, lo cual se agravada con la contaminación de la minería en los ríos cercanos.

Los miembros de la Comisión de Justicia tienen la oportunidad de ratificar las disposiciones constitucionales del pluralismo jurídico sobre lo cual se fundamenta un Estado plurinacional e intercultural como lo es el Estado ecuatoriano, así como cumplir con las obligaciones estatales en el marco de los derechos humanos.

La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de esta Alianza, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades, así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.

Quienes suscribimos el presente comunicado somos profesionales de la Salud Colectiva, la Salud Pública, la Epidemiología, los Derechos Humanos y otras disciplinas afines; académicos, científicos y servidores públicos, sin vinculaciones ni aspiraciones político partidarias. Es nuestra responsabilidad científica pero ante todo ética advertir lo siguiente: Lea más

Pobladores de San Francisco de Cononaco, Orellana,  denuncian posible caso de Covid-19 en un trabajador del bloque petrolero 61, operado por Petroamazonas EP. El manejo poco transparente del Estado en relación a los casos de COVID-19 presentados en campos petroleros nos permite deducir que se intenta proyectar una falsa imagen de estabilidad y seguridad dentro del sector petrolero.

Advertimos que la ausencia de políticas públicas idóneas y medidas de contención y respuesta claras han incrementado la situación de riesgo para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Frente a estos hechos, hacemos un llamado urgente a las entidades del Estado central y seccional.

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Alerta levantada por la Alianza de Organizaciones para los Derechos Humanos el 17 de abril de 2020.  

El día, 15 de abril, presentamos ante la Corte Constitucional una acción pública por la decisión del Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, quien, a través del Memorando circular DP17-2020-0178-MC, de fecha 15 de abril de 2020, titulado “RESPECTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES” prohíbe: "el ingre

El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos hacemos un llamado urgente a los organismos internaciones de protección de derechos humanos, a fin de que exijan al Estado ecuatoriano garantizar el acceso a la justicia y, en particular, la vigencia de las garantías constitucionales. 

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Nos pronunciamos ante las declaraciones del gerente de Petroecuador, Pablo Flores, quien indicó que “se siente muy optimista de que se culmine la reparación antes de la fecha estimada" y “que están realizando paralelamente trabajos de contención y remediación del crudo derramado”.

Las sesenta y seis organizaciones de DDHH firmantes pedimos acciones inmediatas del Estado ecuatoriano en favor del Pueblo Shuar Arutam, debido a que, tras la “Convención de Exploración y Minería de Primer Nivel”, en Canadá, dos familiares de los integrantes de los centros shuar que asistieron al mismo fallecieron y varios comuneros se sientes enfermos.

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Más adhesiones a: [adhesiones_DDHHEcuador@protonmail.com]

Nos sumamos a la demanda de las comunidades afectadas, y exigimos al Gobierno central, a los COE nacional, provincial, cantonal y a los gobiernos locales, que se provea de manera inmediata y urgente -tanto por vía fluvial como terrestre- de raciones alimenticias para 7057  familias, el bono de contingencia e insumos médicos.

Advertimos a las organizaciones peruanas: AIDESEP, ORPIO, ORKIWAN, ORGANIZACIÓN KICHWA WANKIRUNA DEL ALTO NAPO, Federación de comunidades nativas del alto y medio Río Napo, Curaray y Arabela FECONAMNCUA, OISPE, así como a las organizaciones eclesiásticas peruanas y del Vicariato de San José del Amazonas, que el día de ayer 7 de abril, en horas de la tarde, se produjo un derrame de crudo por una rotura del SOTE y el OCP a la altura de la Cascada de San Rafael ubicado en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).

Exigimos al Gobierno Nacional declarar que Guayaquil sufre una crisis humanitaria, y solicite el apoyo urgente al Sistema de Naciones Unidas y a otros gobiernos. Si esta exigencia de ayuda humanitaria externa no fuera realizada por el gobierno ecuatoriano, pedimos la intervención humanitaria urgente de la ONU.