Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Los miembros de la Comisión de Justicia tienen la oportunidad de ratificar las disposiciones constitucionales del pluralismo jurídico sobre lo cual se fundamenta un Estado plurinacional e intercultural como lo es el Estado ecuatoriano, así como cumplir con las obligaciones estatales en el marco de los derechos humanos.

La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de esta Alianza, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades, así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.

Quienes suscribimos el presente comunicado somos profesionales de la Salud Colectiva, la Salud Pública, la Epidemiología, los Derechos Humanos y otras disciplinas afines; académicos, científicos y servidores públicos, sin vinculaciones ni aspiraciones político partidarias. Es nuestra responsabilidad científica pero ante todo ética advertir lo siguiente: Lea más

Pobladores de San Francisco de Cononaco, Orellana,  denuncian posible caso de Covid-19 en un trabajador del bloque petrolero 61, operado por Petroamazonas EP. El manejo poco transparente del Estado en relación a los casos de COVID-19 presentados en campos petroleros nos permite deducir que se intenta proyectar una falsa imagen de estabilidad y seguridad dentro del sector petrolero.

Advertimos que la ausencia de políticas públicas idóneas y medidas de contención y respuesta claras han incrementado la situación de riesgo para los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Frente a estos hechos, hacemos un llamado urgente a las entidades del Estado central y seccional.

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Alerta levantada por la Alianza de Organizaciones para los Derechos Humanos el 17 de abril de 2020.  

El día, 15 de abril, presentamos ante la Corte Constitucional una acción pública por la decisión del Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, quien, a través del Memorando circular DP17-2020-0178-MC, de fecha 15 de abril de 2020, titulado “RESPECTO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES” prohíbe: "el ingre

El 07 de abril de 2020, en la Amazonía ecuatoriana ocurrió un derrame de crudo y combustible de cantidades aún no transparentadas, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE, el Oleoducto de Crudos pesados, OCP, y el poliducto Shushufindi – Quito, debido a una erosión en el cauce del Río Coca. Durante el desastre ambiental, el Estado no comunicó oportunamente a la población del derrame, incrementando el riesgo para la población de la zona.

Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos hacemos un llamado urgente a los organismos internaciones de protección de derechos humanos, a fin de que exijan al Estado ecuatoriano garantizar el acceso a la justicia y, en particular, la vigencia de las garantías constitucionales. 

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Nos pronunciamos ante las declaraciones del gerente de Petroecuador, Pablo Flores, quien indicó que “se siente muy optimista de que se culmine la reparación antes de la fecha estimada" y “que están realizando paralelamente trabajos de contención y remediación del crudo derramado”.

Las sesenta y seis organizaciones de DDHH firmantes pedimos acciones inmediatas del Estado ecuatoriano en favor del Pueblo Shuar Arutam, debido a que, tras la “Convención de Exploración y Minería de Primer Nivel”, en Canadá, dos familiares de los integrantes de los centros shuar que asistieron al mismo fallecieron y varios comuneros se sientes enfermos.

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Más adhesiones a: [adhesiones_DDHHEcuador@protonmail.com]

Nos sumamos a la demanda de las comunidades afectadas, y exigimos al Gobierno central, a los COE nacional, provincial, cantonal y a los gobiernos locales, que se provea de manera inmediata y urgente -tanto por vía fluvial como terrestre- de raciones alimenticias para 7057  familias, el bono de contingencia e insumos médicos.

Advertimos a las organizaciones peruanas: AIDESEP, ORPIO, ORKIWAN, ORGANIZACIÓN KICHWA WANKIRUNA DEL ALTO NAPO, Federación de comunidades nativas del alto y medio Río Napo, Curaray y Arabela FECONAMNCUA, OISPE, así como a las organizaciones eclesiásticas peruanas y del Vicariato de San José del Amazonas, que el día de ayer 7 de abril, en horas de la tarde, se produjo un derrame de crudo por una rotura del SOTE y el OCP a la altura de la Cascada de San Rafael ubicado en la provincia de Sucumbíos (Ecuador).

Exigimos al Gobierno Nacional declarar que Guayaquil sufre una crisis humanitaria, y solicite el apoyo urgente al Sistema de Naciones Unidas y a otros gobiernos. Si esta exigencia de ayuda humanitaria externa no fuera realizada por el gobierno ecuatoriano, pedimos la intervención humanitaria urgente de la ONU.

Los pobladores de las comunidades Minas Viejas, Las Ceibas, Durango, San Francisco de Bogotá, Santa Rita, cantón San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, denuncian que sus ríos están siendo contaminados por las actividades mineras, que se han intensificado durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en contexto de ciudad están en un alto nivel de vulnerabilidad. Se encuentran distantes de sus territorios de origen con las consecuencias que ello supone para su pervivencia cultural. 

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Ante la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, hacemos un llamado de atención especial sobre la situación de las provincias fronterizas, donde los índices de pobreza y la falta de infraestructura sanitaria ponen en grave riesgo a la población. Esta situación prevalece también en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

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Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos este pronunciamiento demandamos del Estado ecuatoriano que, en el manejo de la actual emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, responda con todas sus capacidades institucionales y normativa vigente, incluidos los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de rango constitucional, en referencia al tratamiento de los cuerpos de las personas fallecidas en varias ciudades del país, en particular, la provincia del Guayas.

Las organizaciones que suscribimos esta alerta denunciamos que los procedimientos que se están utilizando para el retorno de las personas y el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio no es adecuado para evitar la propagación del COVID-19, y pone en riesgo el ejercicio de algunos derechos.  

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Frente a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo a causa de la pandemia del Covid -19, la  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), la Federación de la Nacionalidad Awá del Ecuador (FNAE), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil suscribimos la presente Acción Urgente orientada a demandar del Gobierno Nacional las garantías sanita

Las organizaciones que conformamos esta Alianza manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, especialmente del derecho a la salud, durante la emergencia suscitada por el covid-19.

Las violaciones de derechos humanos verificadas por la CIDH también fueron constatadas por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. A su vez, parte de las recomendaciones hechas por el mismo organismo de Derechos Humanos coinciden con las exigencias que hemos realizado al gobierno nacional.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación por la denuncia de reducción del presupuesto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Frente a este hecho, consideramos necesario hacer un recuento de  la situación de discriminación y el uso de la violencia contra las mujeres durante el paro nacional, para recordarle al Estado la urgencia de priorizar la atención de esta problemática y de garantizar la verdad, la justicia y la reparación.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información sobre allanamientos realizados en horas de la madrugada en localidades cercanas a Quito, durante el feriado de inicios de noviembre. En estos procedimientos, se habría cometido varias irregularidades. 

Denunciamos ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos  el uso indebido del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social en Ecuador.

El sábado 12 de octubre de 2019 fueron detenidos 6 adolescentes dentro de la Contraloría General del Estado, de ellos cuatro tienen 17 años, uno 16 años y uno tan solo 14 años.