Las organizaciones que conformamos la Alianza de Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación ante el proceso de debate que se llevará a cabo en el pleno de la Asamblea Nacional este jueves 30 de julio del 2020 con relación al informe favorable que emitió la Comisión de Justicia de la Asamblea, ante el pedido de amnistía de 20 autoridades de Cañar que han sido judicializadas y criminalizadas por administrar justicia en su territorio bajo sus costumbres e instituciones propias.

Quienes conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación por los pueblos indígenas transfronterizos en Colombia, Ecuador y Perú, quienes viven una situación de especial vulnerabilidad con respecto a sus derechos colectivos, dado que los límites político-administrativos de los países no corresponden con sus territorios ancestrales. En estos momentos, su situación estructural de vulnerabilidad se ve agravada por una pandemia mundial, así como por

Denunciamos la presencia de las Fuerzas Armadas en las instalaciones de la empresa EXPLOCEN, en donde las y los trabajadores del Comité de Empresa se encuentran ejerciendo su derecho legítimo a la huelga.

Alertamos el hostigamiento y amenaza sistemática del Estado en contra de los derechos a la libertad sindical y el uso desproporcionado, ilegítimo y arbitrario de la fuerza.

Debido a su situación médica, la adulta mayor siona MGCP fue trasladada desde la comunidad hacia el hospital Marco Vinicio Iza de Lago Agrio, lugar en el que la atención médica ha sido demorada no únicamente para la autoridad tradicional de esta referida comunidad, sino para varios pacientes que, con urgencia, requieren oxígeno. Lo que se indicó a la familia de la Señora MGCP es que el hospital se encuentra colapsado, no cuentan con camas disponibles, ni con camillas, ni con balas de oxígeno.

Las y los accionantes dentro de la acción de protección con medidas cautelares indicamos que durante estos 47 días de suspensión de la audiencia de acción de protección y medidas cautelares, las comunidades afectadas continúan recibiendo los frutos de los daños causados por el previsible derrame de al menos 15.800 barriles de petróleo.

La Fiscalía omite reformular cargos por delito de odio por violencia por prejuicio ante la muerte violenta del joven gay Javier Viteri quien falleció de forma violenta por 89 puñaladas. Exigimos la debida diligencia y aplicación de estándares interamericanos.  Asimismo, estamos atentas y atentos a la vigilancia del debido proceso por parte de la Defensoría del Pueblo.

La comunidad Indígena Siona - Kichwa de San José de Wisuya, perteneciente a la Nacionalidad Transfronteriza Siona, localizada en Sucumbíos, cantón Putumayo, publicó este martes, 14 de julio de 2020, una alerta en la que señala que siete comuneros presentan sintomatología asociada al COVID-19. Entre ellos, se encuentra una autoridad tradicional adulta mayor y que padece una cardiopatía, lo que incrementa considerablemente su situación de riesgo.

Exigimos que cese la persecución tanto a las personas por su situación migratoria, como a las activistas,  abogadas y defensoras de derechos humanos. Recordamos al Estado ecuatoriano, en general, y a los miembros de la Policía Nacional, en particular, que existen procedimientos constitucionales y legales para realizar investigaciones.

Desde las organizaciones que conformamos la Alianza por los Derechos Humanos expresamos nuestro respaldo a las comunidades que enfrentan tanto las afecciones de salud producto del derrame de crudo, ocurrido en la Amazonía y le recordamos al Estado que está obligado a respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica, aun en tiempos de pandemia.

El 07 de abril de 2020, la ruptura del oleoducto de petróleo y combustible generó el peor desastre socio-ambiental en los últimos quince años. El derrame se extendió por los ríos Coca y Napo, afectando a más de 27.000 indígenas que llevan más de dos meses esperando por justicia y reparación. Estos ríos son la principal fuente de agua y alimento y, ante la ausencia estatal, no tienen otra opción que seguir consumiendo el agua y los peces de las afluentes contaminadas.

Manifestamos nuestra preocupación respecto del dictamen Nro. 3-20-EE/20, emitido por la Corte Constitucional el 29 de junio de 2020, que resuelve, en voto de mayoría,  la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1074.  El dictamen extiende 60 días más la vigencia del estado de excepción en contradicción con la Constitución,  avala de hecho la actuación “poco acuciosa” del Ejecutivo y omite realizar un análisis riguroso sobre la participación de las FFAA en relación con el restablecimiento del orden público y el control de la limitación de derechos.

Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscribimos denunciamos que una mujer privada de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi se encontraría incomunicada desde el día jueves 25 de junio del 2020 en una celda de castigo llamado “cápsula”. Según información proporcionada por los familiares de la persona incomunicada, ella debería estar allí por al menos 10 días más .

Este logro es en memoria de las 11 víctimas mortales del uso excesivo de la fuerza en el marco del Paro Nacional de Octubre y de todos quienes han enfrentado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte del Estado; de quienes continúan buscando verdad, justicia y reparación.

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley arriba mencionado y que fue remitido a la Presidencia de la República para su análisis y decisión de veto parcial, veto total o aprobación. Los movimientos sociales firmantes de esta carta expresamos nuestro desacuerdo con este proyecto de Ley inconsulto, puesto que, por una parte, amplifica los graves impactos socioambientales que ha provocado esta actividad

Requerimos a la Corte Constitucional que declare inconstitucional la declaratoria de estado de excepción por calamidad pública, por no cumplir requisitos constitucionales y convencionales y evidenciar el uso abusivo y desproporcionado del estado de excepción, lo que se traduce en arbitrariedad estatal.

Exhortamos al Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente y del Agua, se pronuncie y se abstenga de desvincular a los guardaparques y a los trabajadores en materia de protección ambiental; así como, se aplique políticas públicas en el marco de lo que establece la Constitución y los acuerdos internacionales de Derechos Humanos de acuerdo a protección ambiental.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la red Caminantes expresan su preocupación por las declaraciones del Viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, sobre un nuevo Reglamento de Consulta Previa, Libre e Informada para las actividades mineras en Ecuador.

La tarde del 22 de junio, comuneros reportaron un fuerte olor de diésel y manchas de hidrocarburos en el río, cerca de la comunidad de Sardinas y San Pedro del Río Coca, en la provincia de Orellana. Adicionalmente, en el puente ubicado a la altura de San Sebastián del Coca, se evidenció un inusual movimiento de trabajadores en el río, quienes colocaban barreras de contención.

Dirigentes de las comunas impactadas por el derrame del 7 de abril y organizaciones sociales, denuncian dilación de la audiencia de acción de protección y la falta de atención humanitaria y médica para los afectados.

Respondiendo al requerimiento del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. José Francisco Calí Tzay, donde solicita a los agentes de la sociedad civil información para la preparación del informe sobre el “Impacto de COVID-19 en los pueblos indígenas”.

Desde el pasado 11 de junio de 2020 que ingresó un equipo del Ministerio de Salud del Distrito Pastaza a la comunidad de Sarayaku, con el objetivo de realizar 90 pruebas rápidas de COVID-19 y tres pruebas PCR, existen alrededor de 25 casos positivos. Desde esa fecha no han regresado las brigadas médicas para brindar atención ni medicamentos necesarios para la enfermedad.

El Estado ecuatoriano, desde la declaratoria de estado de excepción el 16 de marzo de 2020, no ha podido contener la crisis sanitaria que se ha expandido a todas las provincias del país, dejando un saldo al 17 de junio del 2020  de 48 490  casos confirmados de contagio.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha recibido información preocupante sobre la grave situación de salud que enfrentan varias personas de comunidades kichwa afectadas por el derrame ocurrido el pasado 7 de abril. Las afecciones descritas en algunos casos se refieren a problemas dérmicos por contacto con agua contaminada, brote epidemiológico de Dengue y, en otros, a sintomatología asociada a COVID-19.

El 15 de junio de 2020, la Organización Waorani del Ecuador (NAWE) alertó, a través de un oficio dirigido a las autoridades nacionales, sobre la posible propagación del covid-19 en varias comunidades Waorani, tales como Boanamo, Omere, Cononaco Chico, Omakaweno, Gemeneweno, Ñoneno  y Bameno. Particularmente, preocupa el posible brote en Bameno, pues esta comunidad se encuentra localizada en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).

Las y los accionantes ponemos en conocimiento de la Defensoría del Pueblos hechos de relevancia y solicitamos se incluya dentro del expediente defensorial los incumplimiento del Estado en relación con el respeto de la tutela judicial efectiva; se nos informe sobre las acciones desarrolladas por la institución con respecto a este caso; se remita copias de informes incorporados al expediente; y se inicien acciones estratégicas para garantizar los derechos de los afectados. 

Como organizaciones de derechos humanos, creemos que es insuficiente hablar de un asesinato como se lo determinó en la formulación de cargos, en la audiencia de calificación de flagrancia del 28 de mayo. Este caso no puede ser subregistrado por parte  del Estado, ya que enviaría un mensaje incorrecto sobre la excesiva brutalidad del caso, el silencio actual de las Fuerzas Armadas y el contexto cotidiano de violencias y discriminaciones que sufren las personas LGBTIQ+ en Ecuador.

Las personas accionantes dentro de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDAS CAUTELARES presentada por la vulneración de derechos constitucionales de comunidades afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el 7 de abril, se manifiestan en relación a la suspensión de la audiencia de fecha 1 de junio de 2020.