Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Quienes  conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en el Ecuador hemos conocido que personas, aún no identificadas, se han aproximado a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Paro Nacional de octubre de 2019, solicitándoles información personal.

Hoy, 22 de octubre, frente al anuncio por parte de diversos actores sociales del desarrollo de movilizaciones, varias imágenes transmitidas por medios de comunicación nacional y redes sociales informan de la presencia de miembros de las fuerzas armadas en el control del orden interno.   Al respecto, la Constitución es clara en su artículo 158, al  establecer que la protección interna y el control del orden público son funciones PRIVATIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL.

Hoy, jueves, 22 de octubre de 2020, se ha convocado a una jornada de movilización contra las medidas económicas tomadas por el gobierno y la  administración y gestión de la crisis, en todo el Ecuador. Asimismo, a través de redes sociales, se han difundido mensajes de grupos fascistas que han expresado su intención de impedir el desarrollo natural de la protesta social; mediante agresiones y atentados contra la integridad de las y los manifestantes.

El día de hoy 21 de octubre de 2020 en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, tendrá lugar la audiencia de juzgamiento por el delito de calumnia interpuesto en contra de Aquiles Hervas Parra, activista y vocero local/nacional por la defensa de derechos humanos de estudiantes y docentes de educación superior; mujeres y diversidades sexuales; de pueblos y nacionalidades indígenas; personas con discapacidad, ambiente y animales.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conformada por 18 organizaciones con una amplia experiencia de trabajo de protección e incidencia en derechos humanos y derechos de la naturaleza presentaron la mañana de este jueves, 15 de octubre de 2020, el Informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre” en el marco del aniversario del paro nacional de octubre de 2019.

 

invitación a rueda de prensa

 

La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador invita a los medios de comunicación a la rueda de prensa virtual de la presentación del  informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre” que se desarrollará este jueves, 15 de octubre de 2020, a las 10:00.

Las y los manifestantes denuncian que el domingo 11 de octubre de 2020, aproximadamente a las 10:00, se dirigieron hasta una de las propiedades donde reposa la maquinaria de la empresa minera HANRINE, con la finalidad de solicitarle al propietario que retire la maquinaria de su propiedad, debido a que los bonaerenses ya se pronunciaron reiteradas veces, y de manera contundente, sobre su rechazo a toda actividad minera dentro de la parroquia.

Los días 19 y 20 de septiembre de 2020, se realizó un recorrido por 6 comunidades de la ribera de los ríos Coca y Napo de las parroquias Pañacocha y de la provincia de Sucumbíos, y las parroquias San Carlos, Orellana y Augusto Rivadeneira, del cantón Aguarico.

Por disposición del Juez de la Sala Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro, el Ministerio de Ambiente y Agua, el Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No Renovables y la Contraloría deben informar por escrito, en 15 días, al Juez sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para dichas instituciones en la sentencia obtenida por la Comunidad A'i Cofán de Sinangoe hace casi dos años.

Integrantes de las 109 comunidades Kichwas insistieron ante el Consejo de la Judicatura por las irregularidades en la acción de protección que plantearon hace ya cinco meses.

En un episodio más de maltrato estatal a las víctimas del derrame, varios comuneros y comuneras fueron retenidos en el trayecto.  

El 7 de septiembre de 2020, el Juez de la Sala Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro emitió una providencia, en la que informa dispone al Ministerio de Ambiente y Agua, al Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No Renovables y a la Contraloría General del Estado que, en el plazo de 15 días, informen por escrito al Juez sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para dichas instituciones en la sentencia referida.

En la mañana de este miércoles, 16 de septiembre de 2020, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos suspendió por quinta vez la audiencia de apelación por el caso Mecheros, alegando que no se ha ratificado por escrito la participación de las y los abogados de las nueve niñas demandantes.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos permanecemos vigilantes a la audiencia por la acción de Acceso a la Información interpuesta contra el Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que se desarrollará el 15 de septiembre, en el Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil. La información solicitada es referente al compromiso que habían acordado las ya nombradas instituciones públicas en re

Denunciamos  la vulneración del derecho de las personas trans a su identidad de género auto-percibida pues, a pesar del cambio de la sección nombres y género en su cédula de ciudadanía,  se encuentran empadronados en la Junta Receptora opuesta a su autodeterminación.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la FUCUNAE y las comunidades indígenas Kichwa afectadas por el derrame del pasado 7 de abril expresamos nuestra preocupación por todos los graves impactos que al menos 27 mil personas siguen siendo víctimas, y denunciamos nuevos hechos de vulneración y agravio: las empresas responsables del derrame pretenden ahora “socializar el restablecimiento del recurso agua”, donde pretender legitimar que el río está en condiciones óptimas para uso y consumo humano para dar por finalizada la supuesta remediación.

Indira Azucena Vargas, compañera afectiva del dirigente de la organización indígena Amazónica CONFENIAE, Andrés Tapia, fue intimidada por una persona de sexo masculino que ingresó arbitrariamente a su domicilio, indicando ser funcionario de la Fiscalía Provincial de Pastaza. El sujeto en mención ingresó al domicilio sin autorización de los dueños de la vivienda y sin contar con orden judicial para ello. 

Solicitamos que se notifique la sentencia que se leyó el 1 de septiembre de forma inmediata, para poder ejercitar nuestro derecho a la defensa, que fue negado expresamente durante la audiencia.

El juez Jaime Oña de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Francisco de Orellana en Ecuador, negó la demanda constitucional presentada por comunidades Kichwas y organizaciones de derechos humanos contra el Estado ecuatoriano y las compañías petroleras responsables del derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de abril, considerado uno de los peores en los últimos 15 años. 

En uso de los derechos que nos da la Constitución, los instrumentos internacionales y, de manera fundamental, la razón nos constituimos como tribunal ético popular, cuyo objeto en la presente causa es definir si han existido violaciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza con ocasión del derrame ocurrido el pasado 07 de abril de 2020, reconocer la verdad de los hechos y aportar en la construcción de digna justicia y reparación.

Como organizaciones de derechos humanos del Ecuador exigimos que el Estado ecuatoriano, a través de Cancillería, demande del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, actuaciones que se orienten a fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de Derecho, y que rechace rotundamente la inaceptable y arbitraria injerencia en su autonomía e independencia, orientada a debilitarlo e impedir que la Comisión pueda llevar a cabo su mandato de defender, supervisar y promover los derechos humanos en la región de manera independiente y autónoma.

La noche de este miércoles, 19 de agosto de 2020, concluyó la audiencia de acción de protección y medidas cautelares por el derrame del pasado 7 de abril, donde el juez Jaime Oña Mayorga anunció que hará pública la sentencia el próximo 1 de septiembre. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda presentada el 29 de abril.

Los bancos en Suiza, Francia y Holanda viabilizan el comercio del petróleo desde la Amazonía ecuatoriana, también son responsables de la contaminación de los ríos  por los derrames, los abusos contra los derechos humanos y la destrucción del clima.

Todo juzgador deberá garantizar que en su actuar prime la objetividad, la imparcialidad, la integridad y la transparencia. De esa manera, todo juez o jueza tiene el deber de promover una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia; la misma que queda puesta en duda dadas sus declaraciones y el trato que ha dispensado a la presente cauda desde el pasado 29 de abril hasta la fecha.

Las organizaciones que firmamos este comunicado rechazamos la falta de transparencia; reiteramos en la necesidad de coordinación tanto interinstitucional como con la dirigencia Waorani; instamos a las entidades estatales a cumplir de inmediato la sentencia judicial, tal como fue dictaminada, y que su cumplimiento no se supedite a tardanzas burocráticas que exacerban el riesgo.

El Decreto ejecutivo 1074, del 15 de junio de 2020, de manera inconstitucional, volvió a declarar estado de excepción por calamidad pública debido a la emergencia sanitaria producida por la pandemia. Exigimos a la Corte Constitucional un pronunciamiento contundente e inmediato, para garantizar el estado de derechos y justicia en el país y emita dictamen desfavorable a este nuevo estado de excepción.

Hoy, 14 de agosto de 2020, cerca de 200 comuneros kichwas de las riberas de los ríos Coca y Napo vuelven a la ciudad de El Coca, en representación de 27.000 indígenas cuyos derechos han sido vulnerados por la negligencia de las empresas petroleras y el Estado, dejándolos en un estado de desprotección y en eminente peligro por los efectos de la erosión regresiva del río y la probabilidad de futuros derrames e inundaciones.

117 líderes religiosos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, República Democrática del Congo, Kenya y Burkina Faso emitieron una declaración en apoyo a la solicitud de protección y reparación de los demandantes.

Luego de instalarse la audiencia de acción de protección, tras 72 días de suspensión, denunciamos públicamente la falta de motivación del Juez en decisiones que restringen derechos procesales a las víctimas, trato desigual a las partes e incluso, adelanto de criterios, demostrando parcialidad en contra de las víctimas y a favor de los responsables de un derrame de petróleo y combustibles que, a la fecha, sigue causando estragos en la salud y el acceso a agua y alimento de por lo menos 27 mil personas.

Militares en las calles NO, es la consigna que como Alianza por los Derechos Humanos y personas activistas y defensoras de derechos humanos manifestamos, como hemos expresado en incansables ocasiones ante la ciudadanía y ante la misma Corte Constitucional del Ecuador. Por eso, exigimos de la Corte Constitucional, un fallo correspondiente con las obligaciones internacionales del Ecuador, y con la Constitución cuando resuelva sobre las demandas de inconstitucionalidad del Acuerdo 179 y de las normas conexas. 

 

 

De las cuatro autoridades indígenas que se encontraban privadas de libertad por ejercer su derecho a la justicia indígena, los señores Ángel Belisario Calle Calle y Luis Eduardo Calle Espinoza recobraron su libertad el día de ayer; mientras que José Sarmiento y María Sotamba aún se encuentran en el CRS Turi. Sus familiares denuncian que han presentado los escritos respectivos a los jueces de garantías penitenciarias para tramitar la inmediata libertad, sin embargo, aún no se extienden las bol