Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador presentó el informe: “Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección”.  Este documento fue entregado por parte de las defensoras Josefina Tunki, Gabriela Fraga, Carlos Jipa, Elizabeth Durazno y María Espinosa, cuyos casos están incluidos en el reporte.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, nos propusimos analizar la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador, a través de la documentación de 22 casos emblemáticos, que en estos últimos diez años reflejan una persistente situación de vulnerabilidad y riesgo.

Rights Defenders Under Threat in Ecuador: How Government Protection is Insufficient and Favors Industry Interests 1ª ed.- Quito: Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. June, 2021

Denunciamos el trato inhumano y degradante del que ha sido víctima en una clínica privada un trabajador de reparto de @pedidosya que ha perdido uno de sus pies en un accidente de tránsitoExigimos al estado, a la fiscalía y a la empresa que actúe de forma diligente para garantizar los derechos del trabajador Jonathan  y no permitir que hechos similares vuelvan a ocurrir

 

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, nos propusimos analizar la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador, a través de la documentación de 22 casos emblemáticos, que en estos últimos diez años reflejan una persistente situación de vulnerabilidad y riesgo.

El 7 de junio de 2021 la valiente población de Buenos Aires obtuvo una resolución favorable por parte de la justicia constitucional a su petición de que se retiren los improvisados campamentos mineros ubicados en la entrada de la parroquia  por la amenaza que estos suponen a sus derechos constitucionales. 

La Corte Constitucional (CCE) ha seleccionado para revisión la sentencia sobre el derrame del 7 de abril de 2020. Como se recordará, el derrame de 15800 barriles afectó a más de 105 comunidades kichwa con una población de, al menos, 27.000 personas. Los jueces de primera instancia y apelación desecharon la acción propuesta por las víctimas y organizaciones aliadas. Ahora, la CCE ha decidido revisar esas sentencias por gravedad, novedad y relevancia nacional.

En un hecho que constituye una clara violación a los derechos territoriales de la Nación Sapara, el 11 de febrero de 2020, de manera inconsulta y sin realizar verificaciones pertinentes, la Subsecretaria de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, instancia del Ministerio de Agricultura, por pedido de la “Asociación Ancestral Sapara Naruka”, da paso a la “rectificación” del nombre del titular del territorio Sapara.

Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos hemos desarrollado 10 tesis esenciales que defenderemos en virtud de fortalecer el Estado de derechos y la democracia.

Desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador – Asfadec y diversas personas de la sociedad civil, hemos hecho pública la denuncia de su desaparición, el contexto de la misma, la urgencia de activar mecanismos idóneos para que sea encontrada, y desde el día de ayer, específicamente solicitamos la activación Urgente del mecanismo Alerta Emilia.

Le recordamos a la institucionalidad Ecuatoriana, especialmente a Fiscalía y Cancillería, que la desaparición de un niño, niña o adolescente requiere de actuación inmediata y una coordinación interinstitucional efectiva. Para este caso internacional, es necesaria también la coordinación con las instituciones homólogas de Perú, con el objetivo de dar con el paradero de Rubi, sancionar a los responsables y garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse.

Desde la tarde del 10 de mayo, los socios de la comuna Kichwa “El Edén”, ubicada a cuatro horas de navegación por el río Napo, en la Parroquia El Edén, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, realizan una protesta pacífica contra la empresa E.P. Petroecuador por la explotación petrolera que realiza en sus territorios sin que exista un proceso de consulta previa, libre e informada, ni la suscripción de un convenio que garantice sus derechos.

 

Desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos condenamos los hechos de violencia en los que se ha visto involucrado el actual Defensor del Pueblo rechazamos la violencia estructural que enfrentan las mujeres en el Ecuador y exigimos la inmediata renuncia del funcionario Carrión Intriago.  Asimismo,  rechazamos los ataques a la Institución Nacional de DDHH, exigimos el respeto a su autonomía, independencia e imparcialidad y alertamos del nombramiento de autoridades cuyas acciones y declaraciones contribuyen a reproducir la viol

En el 2011, la Contraloría General del Estado realizó una auditoría sobre la gestión ambiental de los Ministerios del Agua y Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables en relación con los proyectos “Mirador” y “San Carlos-Panantza”, que están en la Cordillera del Cóndor a cargo de las empresas chinas ExplorCobres y EcuaCorrientes.

La Corte Constitucional expulsó de nuestro ordenamiento jurídico la norma inserta en el año 2014 que sirvió para reprimir, perseguir y criminalizar durante 2015, 2017 y 2019.  Así,  las Fuerzas Armadas,  no pueden intervenir para el control del orden público ni para controlar la seguridad ciudadana, no pueden actuar de forma complementaria a la Policía Nacional.

Demandamos al gobierno ecuatoriano y al presidente electo exigir a su par colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la intervención urgente y eficaz de organismos internacionales de protección de derechos humanos

Exigimos al Estado el respeto y garantía de  la dignidad humana de todas las personas trabajadoras.   Las y los trabajadores del país y del mundo NO SOMOS UNA MERCANCÍA, es decir no podemos ser consideradas como un factor de producción o recurso empresarial.   En tal sentido, exigimos al gobierno  y a  la Asamblea Nacional el cumplimiento de obligaciones específicas ante las violaciones de los derechos fundamentales humanos laborales.

Nos solidarizamos y respaldamos las luchas del pueblo Colombiano que resiste en las calles por su dignidad y la defensa de sus derechos y demandamos al gobierno colombiano  que respete y garantice los derechos a la protesta social,  la libertad de asociación y expresión y  se abstenga de utilizar la fuerza de forma arbitraria e ilegal contra manifestantes; solicitamos  la intervención urgente de los órga

Demandamos a la Corte estudie a fondo los argumentos incluidos en nuestra demanda y actúe en derecho  de acuerdo con el marco constitucional garantista que nos rige, con las obligaciones libremente asumidas en el marco de los derechos humanos y, sobre todo, con la realidad que viven las niñas, mujeres, adolescentes y personas con capacidad de abortar, víctimas y sobrevivientes de violación, a quienes el Estado, a través de la normativa vigente discriminatoria, revictimiza nuevamente.

En días anteriores la Corporación Financiera Internacional (IFC), la rama prestamista del Banco Mundial, ha discutido la solicitud de un préstamo de 50 millones de dólares para la expansión de las granjas agroindustriales de PRONACA, la industria de producción animal más grande del país con una historia controversial por ser causante de graves problemas sociales y ambientales.

El lunes 19 de abril del 2021, como ya señaló esta Alianza, la población de Buenos Aires  amaneció con la noticia  de un nuevo intento de intervención de la empresa minera HANRINE acompañada de la fuerza pública. Así, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ese día, se verificó la presencia de “6 camiones presuntamente cargados de maquinarias, 15 camionetas con un aproximado de 200 trabajadores de la empresa HANRINE y representantes de la empresa.

EXIGIMOS el Presidente Duque que en cumplimento de las obligaciones con su país y con la comunidad internacional garantice la implementación del Acuerdo de Paz en todas sus dimensiones y particularmente para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de las comunidades y particularmente garantice la labor que realizan defensores/as y líderes como Sandra Liliana que ejerciendo autoridad desarrollan acciones legítimas para la protección de sus territorios y su integridad, muchas ve

El día lunes 19 de abril del 2021, la población de la parroquia rural de Buenos Aires despierta con la alerta ante la nueva invasión de la empresa HANRINE.

En abril de 2021, el banco corporativo y de inversión francés Natixis publicó su compromiso para poner fin al financiamiento del comercio del petróleo crudo ecuatoriano. Este anuncio ubica a  Natixis como el único banco que ha actualizado  su política oficial, en la cual  excluye todo el petróleo y el gas ecuatoriano de su cartera de financiamiento.

Denunciamos con preocupación la militarización y el uso irracional de la fuerza en contra de la Nacionalidad Waorani, en la provincia de Orellana, este 14 de abril. Según informaron comuneros, en la zona se hizo uso de gases lacrimógenos y disparos de perdigones para disipar una legítima protesta contra empresa petrolera que se niega a cumplir obligaciones acordadas con la comunidad. 

Las organizaciones que formamos la Alianza y las que suscribimos, apoyamos la resistencia de las comunidades de Pacto y del Distrito Metropolitano de Quito y exigimos  a la Corte Constitucional que garantice el derecho que tenemos las y los ecuatorianos de participar en todos los asuntos de interés público y de ser consultados y consultadas sobre cualquier asunto cuando una consulta popular se promueve desde la ciudadanía.

Las organizaciones que suscribimos demandamos a los dos candidatos que disputarán la Presidencia del Ecuador, comprometerse públicamente a garantizar una justicia constitucional independiente e imparcial que constituya una garantía de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza reconocidos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Esta mañana, cientos de indígenas Kichwa de la Amazonía lideraron otra caminata de protesta en la ciudad de El Coca, Orellana. Hoy, hace un año, un derrame de 15,800 de barriles de crudo y combustibles contaminaron los ríos Coca y Napo. 

Como Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos exhortamos a los candidatos y partidos políticos a abstenerse de cometer estos actos que denigran la dignidad humana protegida por nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, exhortamos a las autoridades electorales a realizar las investigaciones en el marco de sus funciones para identificar responsabilidades y sanciones respectivas.