Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

En 29 de noviembre del 2021, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), conoció el “Proyecto de Ley Orgánica para la armonización de la Protección de la Vida Humana desde la Concepción con la Despenalización del Aborto Consentido en casos de violación”, elaborado y presentado por el asambleista Ricardo Vanegas (Pachakutik). Las asambleístas Natalie Arias (Creo) y  Guadalupe Llori (Pachakutik) apoyaron este proyecto inconstitucional. Johana Moreira y Yesenia Guamaní (Izquierda Democrática) y Ronny Alega (UNES), votaron en contra.

Entre el 29 y 30 de noviembre, una comisión compuesta por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Acción Ecológica, Amazon Frontlines y el dirigente de territorio de la Federación de Comunas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana - FCUNAE, realizamos un recorrido por las orillas del río Coca, en las comunidades de San José del Coca, San Pablo y Toyuca, donde pudimos constatar la tragedia socio-ambiental que aún se vive en el territorio, persistente desde el previsible derrame de crudo ocurrido el 07 de abril de 2020, el cual fue causado por la neglig

Hoy, martes 30 de noviembre, en el Consejo de la Judicatura de Imbabura, comuneros y comuneras afectadxs por el proyecto minero Llurimagua y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en coordinación con la Iniciativa “Intag Santuario de Vida”, presentaron una Acción de Protección contra el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y Recursos Renovables vulneraciones a derechos constitucionales y el PELIGRO INMINENTE en el que se encuentra Intag ante la posible explotación de cobre en Llurimagua. 

Seis años más tarde, este jueves, 25 de noviembre, la Corte Constitucional (CCE) realizó la audiencia pública de la acción extraordinaria de protección No. 1325-15-EP, relacionada a la falta de consulta previa del ex Ministerio de Ambiente a los centros Shuar afectados por el megaproyecto minero a cielo abierto Panantza-San Carlos, ubicado  en el sur del país, en la provincia de Morona Santiago. 

Advertimos al Gobierno Ecuatoriano a través del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables que es inválido el Acuerdo de Cesión y Transferencia del Contrato de explotación de los bloques 16 y 67 de Repsol Ecuador S.A., pues vulnera el derecho al Consentimiento y Consulta Previa, Libre e Informada del pueblo Waorani y su realización no exime a ninguna compañía de la responsabilidad sobre los pasivos socio -ambientales que tiene la petrolera con esta nacionalidad. 

La  Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el Colectivo Caminantes y las organizaciones que suscriben la presente denuncia pública nos sumamos a  las últimas denuncias manifiestas por el Pueblo Shuar Arutam (PSHA), sobre la persecución, intimidación y señalamiento contra el compañero Tarquino Cajamarca, abogado defensor de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Él, en conjunto con el Consejo de Gobierno del PSHA, ha llevado a cabo una defensa  del territorio ancestral indígena contra actividades mineras.

El 26 de octubre se desarrolló el primer día de Movilizaciones, convocado por el Movimiento Indígena de Ecuador y otros sectores sociales. En ese contexto, fueron detenidas varias personas en algunas provincias del país. En Cayambe, cuatro personas fueron detenidas y trasladadas arbitrariamente a Quito.  

En la noche del 12 de noviembre, periodistas independientes comenzaron a alertar de una nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral. Posteriormente  las propias personas privadas de libertad  advertían en mensajes de whatsapp sobre los horrores que escuchaban y padecían. Sin embargo, por declaraciones públicas de la Comandante de la Policía Tannya Varela, recién ingresó la policía a las dos de la madrugada. Hasta el momento se conoce de al menos 68 personas asesinadas y 25 personas heridas.

Rechazamos la instrumentalización del conflicto, generado por el propio Estado, para obstaculizar la labor de personas defensoras de derechos y el ejercicio del derecho a la defensa de las comunidades, a través de la estigmatización y criminalización de personas defensoras y sus abogados y abogadas patrocinadores.  Estamos vigilantes de la situación de la Ab.

Días atrás, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador recibió una alerta pública sobre un colaborador denunciado como agresor de mujeres. Con esa información, iniciamos un proceso interno sobre respuestas efectivas a estas denuncias y, sobre todo, construir entornos seguros para las mujeres defensoras de derechos humanos, temas fundamentales que tocan directamente al quehacer interno de nuestras organizaciones. Ese proceso apenas ha comenzado y nos enfrenta a significativos retos. 

El día 28 de octubre de 2021,  uno de los columnistas de El Expreso, Roberto Aguilar, publicó un editorial en el que deslegitima y descalifica la labor de defensa de derechos humanos y derechos colectivos que realiza la Fundación INREDH y otras personas y organizaciones de Derechos Humanos.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, alertamos sobre los riesgos contra la integridad física y psicológica de los cuatro detenidos de quienes se desconoce su paradero, además de la ilegalidad de su detención, al ser privados de su derecho a ser asistidos por sus abogadxs y al privar a sus familiares de información precisa sobre su situación.

Integrantes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, coalición de quince organizaciones de derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza; comparecemos en calidad de amicus curiae dentro de la Causa No. 6-21-EE y solicitamos se tome en cuenta nuestro criterio para el control de constitucionalidad del estado de excepción decretado por el ejecutivo el 18 de octubre de 2021

Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador denunciamos el nuevo intento del Estado de Ecuador de OBSTACULIZAR el ejercicio del derecho de movilización, resistencia y de protesta social que ha sido anunciado públicamente por la CONAIE y varias organizaciones de la sociedad civil ante las políticas y medidas estatales lesivas y regresivas en materias socioeconómicas y ambientales adoptadas por el gobierno nacional,  que afectando los derechos económicos, sociales y culturales y derechos colectivos, convocadas para el día martes 26 de octubre de 2021. 

Esta mañana, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito, para exigir que se fije una fecha de audiencia en esta instancia, una vez que la Acción Extraordinaria de Protección presentada por las comunas fue seleccionada como una causa de tratamiento prioritario, y para ser sustanciada obviando el orden cronológico debido a la afectación de derechos de múltiples personas y comunidades, así como de la naturaleza y; así como un dictamen que les de justicia y reparación.

Pueblos indígenas presentan ante la Corte Constitucional una demanda en contra del presidente de Ecuador por la emisión de los decretos que pretenden expandir la frontera extractiva en la Amazonía ecuatoriana

 

Tras un proceso judicial que inició hace 28 años; después de la primera sentencia favorable hace 10 años; y luego de más de años 50 de los crímenes ambientales cometidos en el marco de las operaciones de la empresa Chevron-Texaco en la Amazonía Ecuatoriana, el 15 y 16 de septiembre del presente año,  la fiscal General del Estado, Diana Salazar, por pedido del procurador General, Íñigo Salvador, decidió que se inicie una nueva investigación  por  cohecho contra indígenas Siekopai, Kichwas y mestizos, quienes firmaron y ganaron la demanda por contaminación ambiental en contra de la 

Solicitamos a los jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, reciban el día 20 de octubre a las 11H00, a una delegación de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana - FCUNAE , quienes se desplazaran desde sus territorios a la ciudad de Quito, a fin de explicar más en detalle la situación y las graves implicaciones que la falta de avance en la sustanciación y resolución de la causa implica para sus derechos y su vida.

Desde la Alianza como Amicus Curiae en la audiencia de acción de protección No.  17294202100957 por la violación de derechos constitucionales a la participación ciudadana, la seguridad jurídica y el debido proceso en su garantía de motivación por parte del CPCCS en el nombramiento del Defensor del Pueblo encargado. 

Quienes conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación ante la intención de la Fiscalía de vincular a Johnny Q.,   ex morador de la comunidad shuar Campanak Entza, como responsable del asesinato de Fredi Taish, joven shuar de 28 años que falleció a causa de un impacto de bala en su cabeza durante un operativo militar realizado por el Ejército ecuatoriano junto a la Agencia de Regulación y Control de Minas (Arcom), el 7 de noviembre de 2013, en la isla Tutus, en la comunidad Shiram Entza, cantón Gualaquiza. 

 

EL 28 de septiembre de 2021, durante el transcurso  del día, se reportaron “nuevos incidentes” en el Centro de Privación de Libertad  CPL Guayas N1 (Penitenciaría del Litoral), hechos que fueron  registrados hasta la mañana del miércoles 30 de septiembre. Como resultado  fueron asesinadas  116 personas privadas de libertad y  84 personas resultaron heridas. 

El 24 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional el proyecto de “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”. La  calificación de “urgente en materia económica” implica que la Asamblea deba tramitarlo en 30 días.

El 28 de septiembre de 2021, en el marco del 48º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se llevó a cabo un primer encuentro virtual sobre “Criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, en el contexto de las industrias extractivas”, con participación de diversas organizaciones provenientes de América Latina, específicamente de México, Honduras, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Perú, y las Relatorías sobre la situación de personas defensoras

La Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos  en Ecuador.  Como tal, es parte de la red internacional de instituciones de derechos humanos.   Su mandato es proteger los derechos de las personas en Ecuador, ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior y la naturaleza.  

La mañana de hoy, en los exteriores del Complejo Judicial Norte se una demanda de medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por la inminente vulneración de los derechos de los pueblos en aislamiento y de la naturaleza. Ver: Demanda y monitoreo del avance de la infraestructura.  

El presente informe realiza un monitoreo de del avance en la construcción de la vía en el Bloque 43 – ITT, para lo cual se utilizó informes realizados por el Proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), adicionalmente  se emplearon imágenes del satélite “Sentinel 2-A” de la Agencia Especial Europea (ESA) e imágenes de satélite “Planet” de la Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI)El presente informe realiza un monitoreo de del avance en la construcción de la vía en el Bloque 43 – ITT, para lo cual se utilizó informes realizados

El día de hoy, diferentes organizaciones entregamos a la Asamblea Nacional la solicitud  de amnistía para los defensores de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza que  han sido criminalizados en un contexto de incumplimiento de los tratados internacionales  de Derechos Humanos que protegen a los y las defensoras, en donde se exige al estado  

En la actual coyuntura, desde las organizaciones que conformamos la Alianza de DDHH, exigimos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un proceso transparente de selección, tanto para la persona encargada de manera temporal, como de su titular definitivo. El proceso debe garantizar el principio de “participación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos” previsto en los Principios de París que rigen a todas las INDH en el marco de Naciones Unidas. 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, integrante de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, ha alertado en las últimas semanas  sobre la ejecución de prácticas de desalojo que no siguen los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo,ha recibido testimonios sobre posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas que se oponen a la demolición de sus hogares.