Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.

Portada informe final

Informe de verificación sobre Derechos Humanos, paro nacional y levantamiento indígena. Octubre 2019 Ecuador

Las organizaciones que conformamos la Alianza, así como otras organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora  de Organizaciones Sociales del Guayas, Fundación Mujer & Mujer, el Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Ecuador, Colectivo PRODH y COCASEN, hoy, 25 de noviembre de 2020, recordamos a las 101 mujeres víctimas de femicidio en Ecuador durante este año, como consecuencia de un Estado indolente, corrupto, nefasto, que dejó casi sin presupuesto a la "Ley organica de prevención y erradicación de la violencia contra las m

Ayer, 23 de noviembre de 2020, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana avocó conocimiento y emitió su primera resolución acerca de la Acción de Protección por el derrame de 15.800 barriles de petróleo, sin embargo, no se refiere al pedido expreso que hicimos las y los accionantes de ser escuchados en audiencia por dicho Tribunal.

La Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana- F.C.U.N.A.E, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana- CONFENIAE, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y las comunidades indígenas Kichwa afectadas por el derrame del pasado 7 de abril, informamos que los días 19 y 20 de noviembre participamos en el recorrido de verificación de los daños ocasionados por el derrame ocurrido en los ríos Napo y Coca y el proceso de socialización liderado por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.

Como Alianza por los Derechos Humanos denunciamos ante las entidades señaladas en lo que resulte de su competencia, que el derrumbe de una mina en el sector de Los Ajos de Balzar, en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, ocurrido el día 18 de noviembre, ha causado, hasta el momento, la muerte a cinco personas -cuatro mujeres y un niño de 12 años, mientras otras fueron rescatadas con vida, según han informado medios de comunicación social.

La mesa interinstitucional creada para la construcción de la política integral para la protección y promoción de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, conformada por la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, y Fiscalía General del Estado convocó el lunes, 24 de agosto de 2020, a organizaciones sociales y no gubernamentales, pueblos y nacionalidades, personas naturales, defen

Quienes  conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en el Ecuador hemos conocido que personas, aún no identificadas, se han aproximado a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Paro Nacional de octubre de 2019, solicitándoles información personal.

Hoy, 22 de octubre, frente al anuncio por parte de diversos actores sociales del desarrollo de movilizaciones, varias imágenes transmitidas por medios de comunicación nacional y redes sociales informan de la presencia de miembros de las fuerzas armadas en el control del orden interno.   Al respecto, la Constitución es clara en su artículo 158, al  establecer que la protección interna y el control del orden público son funciones PRIVATIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL.

Hoy, jueves, 22 de octubre de 2020, se ha convocado a una jornada de movilización contra las medidas económicas tomadas por el gobierno y la  administración y gestión de la crisis, en todo el Ecuador. Asimismo, a través de redes sociales, se han difundido mensajes de grupos fascistas que han expresado su intención de impedir el desarrollo natural de la protesta social; mediante agresiones y atentados contra la integridad de las y los manifestantes.

El día de hoy 21 de octubre de 2020 en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, tendrá lugar la audiencia de juzgamiento por el delito de calumnia interpuesto en contra de Aquiles Hervas Parra, activista y vocero local/nacional por la defensa de derechos humanos de estudiantes y docentes de educación superior; mujeres y diversidades sexuales; de pueblos y nacionalidades indígenas; personas con discapacidad, ambiente y animales.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos conformada por 18 organizaciones con una amplia experiencia de trabajo de protección e incidencia en derechos humanos y derechos de la naturaleza presentaron la mañana de este jueves, 15 de octubre de 2020, el Informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre” en el marco del aniversario del paro nacional de octubre de 2019.

 

invitación a rueda de prensa

 

La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador invita a los medios de comunicación a la rueda de prensa virtual de la presentación del  informe “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre” que se desarrollará este jueves, 15 de octubre de 2020, a las 10:00.

Las y los manifestantes denuncian que el domingo 11 de octubre de 2020, aproximadamente a las 10:00, se dirigieron hasta una de las propiedades donde reposa la maquinaria de la empresa minera HANRINE, con la finalidad de solicitarle al propietario que retire la maquinaria de su propiedad, debido a que los bonaerenses ya se pronunciaron reiteradas veces, y de manera contundente, sobre su rechazo a toda actividad minera dentro de la parroquia.

Los días 19 y 20 de septiembre de 2020, se realizó un recorrido por 6 comunidades de la ribera de los ríos Coca y Napo de las parroquias Pañacocha y de la provincia de Sucumbíos, y las parroquias San Carlos, Orellana y Augusto Rivadeneira, del cantón Aguarico.

Por disposición del Juez de la Sala Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro, el Ministerio de Ambiente y Agua, el Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No Renovables y la Contraloría deben informar por escrito, en 15 días, al Juez sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para dichas instituciones en la sentencia obtenida por la Comunidad A'i Cofán de Sinangoe hace casi dos años.

Integrantes de las 109 comunidades Kichwas insistieron ante el Consejo de la Judicatura por las irregularidades en la acción de protección que plantearon hace ya cinco meses.

En un episodio más de maltrato estatal a las víctimas del derrame, varios comuneros y comuneras fueron retenidos en el trayecto.  

El 7 de septiembre de 2020, el Juez de la Sala Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro emitió una providencia, en la que informa dispone al Ministerio de Ambiente y Agua, al Ministerio de Energía y de Recursos Naturales No Renovables y a la Contraloría General del Estado que, en el plazo de 15 días, informen por escrito al Juez sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para dichas instituciones en la sentencia referida.

En la mañana de este miércoles, 16 de septiembre de 2020, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos suspendió por quinta vez la audiencia de apelación por el caso Mecheros, alegando que no se ha ratificado por escrito la participación de las y los abogados de las nueve niñas demandantes.

Como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos permanecemos vigilantes a la audiencia por la acción de Acceso a la Información interpuesta contra el Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que se desarrollará el 15 de septiembre, en el Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil. La información solicitada es referente al compromiso que habían acordado las ya nombradas instituciones públicas en re

Denunciamos  la vulneración del derecho de las personas trans a su identidad de género auto-percibida pues, a pesar del cambio de la sección nombres y género en su cédula de ciudadanía,  se encuentran empadronados en la Junta Receptora opuesta a su autodeterminación.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la FUCUNAE y las comunidades indígenas Kichwa afectadas por el derrame del pasado 7 de abril expresamos nuestra preocupación por todos los graves impactos que al menos 27 mil personas siguen siendo víctimas, y denunciamos nuevos hechos de vulneración y agravio: las empresas responsables del derrame pretenden ahora “socializar el restablecimiento del recurso agua”, donde pretender legitimar que el río está en condiciones óptimas para uso y consumo humano para dar por finalizada la supuesta remediación.

Indira Azucena Vargas, compañera afectiva del dirigente de la organización indígena Amazónica CONFENIAE, Andrés Tapia, fue intimidada por una persona de sexo masculino que ingresó arbitrariamente a su domicilio, indicando ser funcionario de la Fiscalía Provincial de Pastaza. El sujeto en mención ingresó al domicilio sin autorización de los dueños de la vivienda y sin contar con orden judicial para ello. 

Solicitamos que se notifique la sentencia que se leyó el 1 de septiembre de forma inmediata, para poder ejercitar nuestro derecho a la defensa, que fue negado expresamente durante la audiencia.

El juez Jaime Oña de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Francisco de Orellana en Ecuador, negó la demanda constitucional presentada por comunidades Kichwas y organizaciones de derechos humanos contra el Estado ecuatoriano y las compañías petroleras responsables del derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de abril, considerado uno de los peores en los últimos 15 años. 

En uso de los derechos que nos da la Constitución, los instrumentos internacionales y, de manera fundamental, la razón nos constituimos como tribunal ético popular, cuyo objeto en la presente causa es definir si han existido violaciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza con ocasión del derrame ocurrido el pasado 07 de abril de 2020, reconocer la verdad de los hechos y aportar en la construcción de digna justicia y reparación.

Como organizaciones de derechos humanos del Ecuador exigimos que el Estado ecuatoriano, a través de Cancillería, demande del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, actuaciones que se orienten a fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de Derecho, y que rechace rotundamente la inaceptable y arbitraria injerencia en su autonomía e independencia, orientada a debilitarlo e impedir que la Comisión pueda llevar a cabo su mandato de defender, supervisar y promover los derechos humanos en la región de manera independiente y autónoma.

La noche de este miércoles, 19 de agosto de 2020, concluyó la audiencia de acción de protección y medidas cautelares por el derrame del pasado 7 de abril, donde el juez Jaime Oña Mayorga anunció que hará pública la sentencia el próximo 1 de septiembre. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas en la demanda presentada el 29 de abril.

Los bancos en Suiza, Francia y Holanda viabilizan el comercio del petróleo desde la Amazonía ecuatoriana, también son responsables de la contaminación de los ríos  por los derrames, los abusos contra los derechos humanos y la destrucción del clima.

Todo juzgador deberá garantizar que en su actuar prime la objetividad, la imparcialidad, la integridad y la transparencia. De esa manera, todo juez o jueza tiene el deber de promover una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia; la misma que queda puesta en duda dadas sus declaraciones y el trato que ha dispensado a la presente cauda desde el pasado 29 de abril hasta la fecha.

Las organizaciones que firmamos este comunicado rechazamos la falta de transparencia; reiteramos en la necesidad de coordinación tanto interinstitucional como con la dirigencia Waorani; instamos a las entidades estatales a cumplir de inmediato la sentencia judicial, tal como fue dictaminada, y que su cumplimiento no se supedite a tardanzas burocráticas que exacerban el riesgo.

El Decreto ejecutivo 1074, del 15 de junio de 2020, de manera inconstitucional, volvió a declarar estado de excepción por calamidad pública debido a la emergencia sanitaria producida por la pandemia. Exigimos a la Corte Constitucional un pronunciamiento contundente e inmediato, para garantizar el estado de derechos y justicia en el país y emita dictamen desfavorable a este nuevo estado de excepción.